El Congreso del Estado se encuentra sumido en una polémica que en su momento tendrá que dejar en claro sobre la posibilidad de que exista o no conflicto de interés en el momento de hacer cualquier tipo de adquisiciones por la simple y sencilla razón de que ahora más que nunca, los legisladores tendrán que ser muy congruentes entre lo que ofrecieron en campaña y lo que en la práctica política deben hacer. Por el bien de ellos mismos y de la población en general.

El presidente de la comisión de Cuenta y Administración diputado Rigoberto Murillo ha reiterado una y otra vez que no existe tal situación de conflicto de intereses, sin embargo, aun así se hará una revisión exhaustiva de los proveedores del Congreso estatal precisamente para evitar que este tipo de irregularidades se registren.

En ese sentido se ha señalado al diputado Esteban Ojeda de estar vinculado presuntamente a un familiar que desde el mes de diciembre ha vendido al Congreso del Estado computadoras, y aunque esto se ha negado es evidente que aún es necesario trabajar más para que esta situación quede perfectamente bien aclarada y sobre todo que las incómodas dudas se disipen.

La aclaración es necesaria para evitar situaciones como la referente al “extravío” de 337 mil pesos que no aparecen y que aún hay dudas sobre su verdadero destino.

Por ello es interesante tomar en cuenta la iniciativa presentada este martes en el pleno del Congreso por el diputado sin partido Ramiro Ruiz, que busca fundamentalmente modificar el artículo 61 de la ley que regula las actividades del Congreso estatal misma que establece precisamente que no exista este conflicto de interés no solo en el manejo de los recursos, va más allá.

El legislador representante del segundo distrito local electoral propone que incluso este conflicto de intereses se evite también al momento de que se tenga que discutir un tema en comisiones o hacer dictámenes en donde los diputados no se vean en el supuesto de que se califiquen así mismos sus propias iniciativas.

Se busca que incluso las diversas iniciativas no sean dictaminadas en un momento dado por los mismos legisladores que las impulsan.

Se pretende evitar que los diputados sean juez y parte por lo que se daría mayor transparencia y por supuesto certeza a la ciudadanía.

De ser aprobada la modificación a este artículo 61 de la Ley Reglamentaria de Poder Legislativo de Baja California Sur quedaría de la siguiente manera: “Cuando un diputado presente una iniciativa cuya materia corresponda dictaminar a la comisión que él mismo presida, ésta deberá ser turnada a otra comisión que guarde relación con el tema para ser dictaminada; si por analogía no existiera otra comisión que se relacione con dicho asunto, el presidente de la mesa directiva turnará la misma a la comisión que a su juicio considere pertinente.

En caso de que un diputado participe en alguna de las comisiones relacionadas con la administración del Congreso del Estado y resultase algún asunto donde se genere un conflicto por intereses personales, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política deberá solicitar ante el pleno la remoción de dicho diputado dentro de la comisión, remitiendo a su vez el asunto a la contraloría del propio Congreso. Si el diputado que se encuentra en este supuesto es quien preside la Junta de Gobierno, el procedimiento se iniciará por el presidente de la mesa directiva del periodo o en su caso, el presidente de la diputación permanente. Para la sustitución del diputado removido en la comisión correspondiente, se llevará el procedimiento establecido para tales fines”.

En definitiva, el Congreso estatal tendrá que tomar medidas de esta naturaleza para abonarle de manera concreta y segura a la confianza que la ciudadanía debiera tener en sus legisladores.

No hacerlo conllevará el riesgo político de que en futuras contiendas la preferencia electoral ciudadana tome rumbos muy diferentes a los registrados en las pasadas elecciones.

¿No le parece así amable lector?