La Paz, Baja California Sur.- Como parte de las reformas constitucionales que realizaron los diputados federales en materia de paridad de género en  cargos públicos de los tres niveles de gobierno, el Congreso de Baja California Sur (BCS) aprobó dicha reforma este jueves 30 de mayo por unanimidad, por lo cual el gobierno estatal deberá aplicar esta Ley y deberá hacer cambios una vez que se publique en el Diario Oficial.

Esta nueva reforma garantizará que los cargos públicos tanto de la federación, los estados, los organismos públicos autónomos, jurisdiccionales, administrativos y electorales estén ocupados en un 50% por mujeres, agregando que expertos aseguran que México es ahora pionero ante el mundo por contemplar a las mujeres en los puestos de toma de decisiones por Ley.

En este sentido el gobierno estatal de Carlos Mendoza Davis sólo tiene a una mujer dentro de su gabinete, como es el caso de la maestra Sonia Murillo quien está al frente de la Contraloría General del Estado, donde es importante recalcar que si bien, algunos institutos estatales cuentan con la dirección de una mujer, estas penden completamente de secretarías dirigidas por hombres, es decir que las mujeres sólo llegan a subsecretarías o medios mandos, hasta ahora.

Anteriormente se habría mencionado que el gobierno estatal no contemplaba la posibilidad de colocar a mujeres en las secretarías, donde incluso el ejecutivo mencionó que dichos cargos podrían ejercerse pero hasta las elecciones del 2021 con el siguiente gobierno; donde en caso de ser así, se espera que el congreso local refuerce y haga cumplir la reforma aprobada a favor de la paridad de género.

Sobre esta reforma la investigadora y activista Blanca Olivia Peña Molina mejor conocida como Pola, la cual pertenece a la Red de Mujeres por la Unidad Sustantiva y a la Red Nacional de Mujeres en Plural, señaló que este último grupo ha trabajado durante diez años para impulsar la iniciativa desde las cámaras de la nación.

"Estamos asistiendo al advenimiento de un nuevo contrato social en México, esto significa que se eleva a nivel constitucional la máxima protección política a las mujeres, no es una posibilidad, es un mandato constitucional, es decir que es ahora una obligación para los tres niveles de poderes", reiteró a las afueras del congreso. 


En sus palabras la investigadora señaló que el congreso únicamente avaló lo que el congreso nacional ya había aprobado, por lo cual se esperan las homologaciones a las constituciones políticas de cada estado y las Leyes electorales locales, así también a las leyes secundarias a nivel federal, Leyes de Instituciones y Procedimientos Electorales y todas aquellas que tienen que ver con el ámbito judicial o de la administración pública.

"Las mujeres tienen derecho a participar en todos los espacios públicos de toma de decisiones, los derechos político-electorales de las mujeres no se restringe a votar y ser electa, sino a participar en todos aquellos espacios donde se toman decisiones, esto significa que las mujeres ahora tienen el reto de hacer efectiva su participación", comentó.

Sobre los señalamientos sociales donde se asegura que los hombres están políticamente mejor preparados que las mujeres, Peña Molina señaló que el mérito y la trayectoria no está peleada con la paridad de género, pues la paridad es un precepto constitucional superior y por lo tanto los méritos y las trayectorias a candidaturas a cargo de elección popular son responsabilidad de los partidos.

Es decir que los partidos ahora deberán comprometerse con la educación política de sus militantes y próximas candidatas para cumplir cabalmente con este mandato, pues si los partidos buscan ganar un cargo de elección deberán postular a sus candidatas más preparadas, mientras que en las mujeres que entran por trayectoria en carreras judiciales deberán ser tomadas en cuenta por Ley.