La Paz, Baja California Sur.- Llegó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la falta de servicios médicos para trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Baja California Sur (BCS).

Interpuso queja Jorge Castañeda García, ayudante operario contra incendios del muelle de operaciones en la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR), en Punta Prieta.

Recalcó que existen 500 derechohabientes que no cuentan con ningún servicio médico, contraviniendo el Contrato Colectivo de Trabajo en su cláusula 89.

Señalan que Pemex no ha dado respuesta alguna, salvo el reembolso de 2 millones de pesos, próximos a entregarse a quienes han pagado servicios con recursos propios.

Expuso que los afectados son adscritos al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), dependientes de oficinas ubicadas en Guaymas, Sonora.

“Los coordinadores se presentaron en Guaymas […] nos informan que entregaron 2 millones de pesos para pagos de facturas atrasadas”, expuso Castañeda.

“No es la solución del servicio médico que estamos solicitando”, expuso.

Señaló que, de no resolverse el problema, existe la posibilidad de generar un desabasto para la región en materia de combustibles.

“Pero no queremos eso. No queremos problemas con la ciudadanía ni meterlos en problemas, ni quitarles el alumbrado público de su casa o de la entidad”, señaló.

Dijeron buscar “soluciones, no diálogos”, ya que este es un derecho elemental de los trabajadores de Pemex y dijo que no hay más acercamiento con autoridades.

Hicieron un llamado a Víctor Castro Cosío, delegado estatal de programas integrales de desarrollo de la Secretaría de Bienestar, para interceder ante el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Para que le diga lo que está pasando. Con López Obrador me vi el 3 de marzo en Los Cabos, le entregué la petición sobre este problema”, expuso.

“Mi esposa y mi hija necesitan 2 operaciones cada una, cuesta dinero. Dicen que Pemex reembolsa la solidaridad y nunca, hasta ahorita, se dijo que dejaron 2 millones de pesos”, agregó.

Pidió a la sociedad sudcaliforniana su apoyo para recuperar este “derecho ganado” desde hace décadas, por lo que dijo “injusto” que por una “mala administración” pretenda eliminarse.