Determinó que la decisión del Presidente de cancelar el programa de protección a dreamers fue ilegal
SAN DIEGO.
La cancelación del programa que protege a unos 800 mil dreamers, entre ellos medio millón de mexicanos, representó una acción ilegal “porque no se explicó adecuadamente”, determinó ayer una corte federal de apelaciones.
La corte de apelaciones del cuarto distrito en Virginia secundó una decisión de un tribunal similar de California acerca de que la decisión de la administración del presidente Donald Trump de terminar con el programa fue “arbitraria y caprichosa”.
La estrategia de la administración de Trump, de llevar el caso hasta la Suprema Corte de Justicia, pierde fuerza porque, por separado, dos tribunales de apelaciones y dos cortes federales han coincidido, en sus respectivas versiones, en que la cancelación del programa es ilegal.
El caso comenzó cuando Dulce García, una joven mexicana indocumentada y abogada de migración en California, demandó al gobierno días después de suspender el programa.
La demanda, a nombre de seis personas, pero que representa a todos los dreamers, enfatizó contradicciones:
Revisamos miles de mensajes de Twitter del Presiente y encontramos muchos en los que elogiaba tanto al programa como a los soñadores, incluso dijo que merecían un programa compasivo, y esto contradice las razones de su administración para terminar el programa y causa daño a los dreamers”, dijo García a Excélsior.
El 5 de mayo de 2017, el entonces fiscal Jeff Sessions anunció el fin del programa, a menos que en un plazo de seis meses el congreso —que estaba dominado por republicanos— lo sustituyera, pero sus razones fueron que era un proyecto ilegal para proteger adultos jóvenes indocumentados.
El programa, Acción Diferida para los Llegados en la Infancia o DACA, lo había decidido en 2012 por orden ejecutiva del entonces presidente Barack Obama.
DACA protege a los indocumentados que llegaron a EU cuando eran niños, acompañados por sus padres, y que crecieron con la convicción de que el único país que conocieron era su nación.
El gobernador Ron DeSantis señaló que él firmó recientemente una ley que prohíbe las llamadas ciudades santuarios en Florida
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, afirmó ayer que no tiene recursos para recibir el flujo de inmigrantes indocumentados que la Patrulla Fronteriza planea enviar a este estado del sureste de Estados Unidos para aliviar la crisis en la frontera.
No podemos aceptar en Florida que descarguen inmigrantes ilegales”, dijo DeSantis, respondiendo a informaciones según las cuales llegarían mil indocumentados al mes a partir de la próxima semana.
Esto no es algo que fue dispuesto por la Casa Blanca. Fue algo dispuesto por la agencia. Va ser algo de lo que voy a tener que hablar con el Presidente”, dijo.
La Patrulla Fronteriza indicó que los planes son preliminares. “No estamos transportando unidades familiares a Florida en este momento, sin embargo, sí estamos considerando la capacidad de procesamiento de la Patrulla Fronteriza en todo el país”, comentó un funcionario de esa agencia.
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