• El daño fiscal es de 500 mil millones de pesos al año, que equivale a una décima parte del presupuesto de egresos, declaró el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda. Dijo que el marco legal no permite atacar a quienes defraudan con facturas falsas
CIUDAD DE MÉXICO.-Defraudar al
fisco se convirtió en un deporte nacional, tanto que el monto del quebrando
fiscal por las empresas fantasma o facturas falsas se estima en 500 mil
millones de pesos anuales, reconoció el procurador fiscal de la Federación,
Carlos Romero Aranda.
Expuso que para combatir este
ilícito se evalúan en el Congreso reformas legales para considerar la
defraudación fiscal y la defraudación fiscal equiparada con delincuencia
organizada.
Porque ese esquema nos va
permitir tener escuchas y cateos, nos va a permitir tener infiltrados”,
subrayó.
La grave problemática que
tenemos en nuestra legislación es que los delitos fiscales son delitos no
graves, y se convirtió propiamente en un deporte nacional defraudar al fisco
federal, porque hubo una percepción originada por diversos factores, como
corrupción, protección para ciertos delincuentes, con lo cual la percepción de
que no pasa nada permeó, puesto que no se percibía que hubiera un factor de
riesgo por defraudar al fisco federal”, recalcó.
“En nuestra legislación los
delitos fiscales no son delitos graves, por eso la defraudación ha sido un
deporte nacional.” Carlos Romero Aranda, procurador Fiscal Federal
MODUS OPERANDI
Entonces qué es lo que
buscamos: nuestro marco jurídico no nos permite llegar a los beneficiarios
finales porque las empresas “factureras” involucran a personas de escasos
recursos, de origen muy humilde, que, con una pequeña cantidad de dinero,
firman como accionistas de estas empresas y como administradores de las
mismas”, refirió.
Comentó que ha habido casos en
el SAT de que llegan personas de avanzada edad en silla de ruedas, a
inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes a sacar su firma electrónica,
personas que no tienen ingresos, más allá de uno o dos salarios mínimos, y al
mes siguiente están sacando facturas por dos millones de pesos, no cuadra una
cosa con otra.
Pero no podemos pretender
meter a la cárcel a personas que por necesidad firmaron como accionistas, que
fueron usadas para estos fines. La encomienda que tenemos es llegar a las
cabezas, y para ello, en el Senado de la República se está analizando una
reforma, en la cual proponemos modificar la Ley Federal contra la delincuencia
organizada, el Código Nacional de Procedimientos Penales, y la Ley de Seguridad
Nacional, con el objetivo de catalogar a los delitos de defraudación fiscal y
de defraudación fiscal equiparada con delincuencia organizada”.
Lo que buscamos con estas
reformas es que podamos seguir la huella del dinero y mediante investigación,
llegar a donde guardan el dinero para y hacer cateos.
HASTA 9 AÑOS DE CÁRCEL
La Secretaría de Hacienda y la
Procuraduría Fiscal de la Federación lanzaron un llamado a las empresas transnacionales
para que cumplan con sus obligaciones fiscales, al advertir que, si incurren en
defraudación, podrían tener una sanción de hasta 9 años de cárcel.
La consecuencia en el
incumplimiento de una obligación fiscal (pago de ISR e IVA) por parte de algún
contribuyente, con residencia en el extranjero, no la eximiría de ser sujeta a
un proceso penal por algún delito fiscal, como lo es el de Defraudación Fiscal
o Defraudación Fiscal Equiparada, para los cuales está prevista una pena de
hasta 9 años de prisión más la obligación de cubrir el monto de lo defraudado,
incluyendo actualizaciones y recargos”, precisaron.
Explican que el gobierno
federal reconoce los múltiples beneficios que tienen los servicios digitales en
la economía en su conjunto, por sus efectos positivos en la productividad, la
competitividad, así como en los precios y en la calidad de los servicios que
ofrecen a los consumidores.