San José del Cabo, Baja California Sur.- Fue tras la aprobación del primero de nueve puntos de la décima primera sesión extraordinaria de Cabildo, que la alcaldesa del XIII Ayuntamiento de Los Cabos, Jesús Armida Castro Guzmán, llamó a un receso y declaró permanente la sesión para el viernes 31 de mayo, sin dar oportunidad a la prensa de entrevistarla y por lo que, Rosa Delia Cota Montaño, secretaria general, explicó que la razón de cancelar la sesión, fue que debía reunirse con el secretario de Comunicaciones y Transportes de México, quien estuvo de gira por el municipio de La Paz.

“La alcaldesa se tiene que trasladar porque se van a comprometer obras que hay en Los Cabos, por lo tanto, es necesario que esté en esa reunión y bueno […] inaugurará de manera simbólica las obras que se realizaron en Los Cabos, más no vendrá al municipio, tales como el puente de Santa Rosa y otra entre Todos Santos y Cabo San Lucas que no recuerdo exactamente cuál”, puntualizó.

Cuestionada al respecto de la propuesta para ocupar el cargo de Oficial Mayor, Cota Montaño reveló que el ex Oficial Mayor tuvo que salir del municipio y por lo que entregó el día martes 27 al director de Administración, Rubén Álvarez y prefirió no ahondar sobre si fue el único de dicha dependencia o alguien más, “será la alcaldesa la que lo diga”, precisó.

Con respecto al punto relativo a la autorización y celebración del convenio referente al pago en efectivo del importe de la donación a que está obligado la empresa M-DOS S.A. de C.V., sobre el desarrollo bajo el régimen de propiedad en condominio denominado “El Tezal Promocasa”, refirió que la idea venderle a quienes hicieron la donación por ley, porque en esa zona el ayuntamiento no tiene necesidad, ni hay mucha infraestructura para poner algo en beneficio de la comunidad,  es decir, al ser un fraccionamiento tiene sus propios lineamientos y sería un terreno que estuviese abandonado, porque no se puede edificar nada sin el consentimiento de los colonos.

Al respecto, Mario Alejandro Fernández Briseño, presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, detalló que como lo establece la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, artículos 74 y 74 bis, que dice que el desarrollador tiene la opción de entregar el área en físico o pagar la cantidad de un avalúo, que se hace a través del Instituto de Valuadores del estado de Baja California Sur y por lo que los precios son totalmente ajenos a sindicatura o al gobierno.

“Ese precio es el que se tiene que respetar tanto por el desarrollador como por nosotros para que efectúe el pago en efectivo, que se pone efectivo no por que lleguen con maletines de dinero ahí al Palacio, sino porque así lo cita la ley, una vez autorizado se les da un entero de pago y con eso se les pueden hacer transferencias, cheques u otros medios de pago que no violen las leyes federales de cuestiones de fiscalización de fondos, de lavado de dinero y demás”, puntualizó.

Al respecto de los comentarios de los regidores Tabita Rodríguez y Belmar Pimentel, en el sentido de que había una afectación e incluso citaron un artículo que no corresponde, puesto que no existe afectación al patrimonio inmobiliario del municipio, pues lo que dice el mismo, es que se requiere mayoría calificada cuando se afecta el patrimonio inmobiliario del municipio.

“En este caso ni se afecta al patrimonio inmobiliario, porque no pertenece al municipio aún, si está etiquetado para una acción futura del desarrollador que tenga que escriturar, si es el caso, en favor del municipio y otra, no es afectación porque afectar significa reducir, disminuir, dañar, entonces no hay afectación realmente, no se necesita una mayoría calificada, sin embargo, ellos lo expresaron así, se respetan las opiniones y lo que se argumentó en la mesa, pero ellos tomarán las acciones que deberían de tomar y se respetan desde luego”, concluyó Fernández Briseño.