El Congreso de Baja California Sur (BCS) cumplirá los requerimientos judiciales y dictaminará la Ley de Movilidad, al terminar el proceso de análisis e incorporación de propuestas, tras un amparo promovido por una persona con discapacidad.

Juan Manuel Higuera Olachea obtuvo la protección de la justicia federal por falta de transporte público incluyente contra diversas autoridades estatales y municipales, desde septiembre del año pasado.

De acuerdo al expediente 1179/2018, el equipo legal del gobierno de BCS respondió al juicio vinculando al Congreso local como responsable, por no aprobar esta iniciativa del gobernador, Carlos Mendoza Davis, enviada desde octubre de 2018.

En el gobierno estatal se dijeron “imposibilitados” para cumplir por falta de instrumentos legales, mismos que fueron “definidos” en la iniciativa de Ley de Movilidad.

La diputada Milena Quiroga Romero, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo informó lo anterior, pero señaló que se hará valer su condición “soberana” para discutir y analizar la propuesta.

Opinó que la iniciativa de Ley de Movilidad elaborada por el gobernador, Carlos Mendoza Davis, todavía “no causa obligaciones” a todas las autoridades a pesar del amparo, difundido a través de diversos medios de comunicación.

“De manera legal se solicitó la prórroga [para aprobarla] en noviembre pasado, para garantizar un debido proceso de análisis y e incorporación de propuestas”, señaló la diputada.

Dijo que los instrumentos jurídicos para hacer efectivo el derecho de la persona con discapacidad están en posibilidad de ser ejercidos por la autoridad desde 2014.

“Mucho antes de que la iniciativa de la Ley de Movilidad fuera presentada, existe la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad”, señaló la diputada.

“Incorporó en un título sobre el transporte, las comunicaciones y la vialidad disposiciones respecto a la promoción de medidas para adecuar los transportes públicos colectivos a las necesidades de las personas con discapacidad”, advirtió Quiroga.

La falta de ejecución de dicha ley no es una omisión del Congreso del Estado, reiteró, sino de autoridades estatales, finalizó la diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).