San José del Cabo, Baja California Sur.- Fue durante la novena sesión pública ordinaria de Cabildo, en los asuntos generales, que un par de regidores posicionaron su punto de vista sobre los hechos ocurridos la mañana del 29 de abril en el Palacio Municipal de Los Cabos, los cuales coinciden en que no deben de volver a ocurrir, pues es válido de todo ciudadano el derecho de manifestarse y expresar sus inconformidades. 

Al respecto, Belmar Pimentel Amador, noveno regidor del XIII Ayuntamiento de Los Cabos, consideró una acción lamentable y reprobable, como el resto de la población, el que los representantes del Centro de Recuperación y Rehabilitación para los Enfermos de Alcoholismo y Drogadicción de San José del Cabo (Craadyr), fueran sometidos y arrastrados mientras manifestaban que querían exponerle su problemática, de manera personal, a la presidenta municipal. 

“Una acción lamentable que en la apreciación de la sociedad que representamos y somos parte, fue reprobable y que si bien fue llevada a cabo por funcionarios de la administración municipal, en específico la dirección de Salud y de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, impacta al equipo que somos […] lo sucedido es un llamado de atención que no se está actuando con la sensibilidad y el criterio que nuestra responsabilidad exige, que esta administración es intolerante y no está preparada para plantear soluciones políticas y sociales que fortalezcan el diálogo y las coincidencias como necesidades primarias de la sociedad, que los órganos de gobierno encargados de guardar la gobernabilidad están siendo superados por las circunstancias sin justificar las causas, ya sea por falta de experiencia, conciencia o exceso de poder o confianza”, sentenció. 

En consecuencia, Pimentel Amador solicitó que quedara asentado en actas su posicionamiento, marcando antecedente de lo que no deben hacer como gobierno y dejó claro que con esto han dejado las puertas abiertas para que grupos o personas que no coinciden con los esfuerzos que como administración están logrando a favor de la gente, utilicen este suceso para generalizar y atacar su gestión. 

Aunado a lo anterior, hizo un llamado respetuoso a sus compañeros ediles, para que de acuerdo a la legalidad y el respeto, tomen cartas en el asunto llevándolo hasta las últimas consecuencias y en caso de existir acto injustificado, abuso u omisión de funcionarios municipales, les sea aplicada la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Baja California Sur, “hagamos extensiva la disculpa a los afectados y solicitarles que mediante el diálogo tomemos los acuerdos necesarios en paz, orden y respeto demos orden a sus problemas”, puntualizó. 

El regidor por el Partido Acción Nacional (PAN), exhorto también al área encargada de gobernabilidad municipal, a estar presente de acuerdo al derecho y respeto por la institución que representan y que los invitó a no olvidar que el pueblo con su voto les dio esta oportunidad de servir. 

Isabel Teodora Dolores Castro Aguirre, séptima regidora, recordó que los derechos humanos son aquellas condiciones instrumentales que le permiten a la persona su realización, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, por lo tanto, al ser reconocidos en la Constitución Mexicana y en tratados internacionales, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 

la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derecho y libertades de las personas. 

Aunado a lo anterior, destacó que la Carta Magna señala que la actuación de las instituciones de Seguridad Pública, se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos y que las garantías individuales, enmarcan que toda persona es libre para decidir que estilo de vida quiere llevar, lo que quiere pensar o sentir en materia política y religiosa, que incluye la libertad de pensamiento y de expresión, que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas. 

Castro Aguirre destacó que en el Artículo 20, el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Los Cabos, señala que “los vecinos tienen los siguientes derechos: recibir un trato respetuoso de los agentes de seguridad y tránsito municipal, y en caso de ser detenidos, deberán ser puestos a disposición de las autoridades competentes, en los términos de ley”, y por lo que en relación a los hechos al inicio nombrados, a su punto de vista existió un exceso en el uso de la fuerza pública, así como la ausencia en la aplicación de protocolos. 

“Si bien es cierto que los ordenamientos en la materia, establecen que toda manifestación deberá ser pacífica, sobre esto último, quiero informar que en el año del 2015, organizaciones de derechos humanos, trabajadores, periodistas, académicos, estudiantes y activistas de nuestro país, que reivindican la manifestación pública como defensa de derechos, el espacio público como lugar de participación política, y el derecho de recabar y difundir información y documentar actos de autoridad en manifestaciones, asumieron con apoyo del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, un proceso ciudadano con la interposición de 20 amparos que representan a cerca de 14 mil personas. Lo anterior permite distinguir, que algunos ordenamientos establecen restricciones ilegítimas y desproporcionadas a la protesta social, y confieren facultades discrecionales a los cuerpos policíacos para el uso de la fuerza en manifestaciones públicas”, expuso al pleno. 

La regidora por MORENA, añadió en su papel de presidenta de las Comisiones Edilicias de Asuntos Indígenas, Equidad y Bienestar Social, que se pronunciaré las veces que sea necesario contra toda clase de persecución política, coerción administrativa disfrazada de legalismo, coacción que tenga por objeto atacar cualquier clase de oposición o pensamiento diverso, ya sea dentro o fuera de este Cabildo, en las oficinas públicas, o toda clase de presión solamente por el hecho de pensar diferente, por lo que de ser necesario, lo hará a través de puntos de acuerdo, con el respaldo de mis compañeros y de acuerdo a los lineamientos del presidente de la República, “que ha privilegiado en innumerables ocasiones, el respeto irrestricto a la diversidad, y la libre manifestación de las ideas”, concluyó.