La Paz, Baja California Sur.- A diez años de que estallara la huelga del Sindicato Gastronómico contra el reconocido Hotel Los Arcos de la familia Coppola, el líder sindical Alberto Rentería Santana señaló que a meses de cumplirse 11 años de este acontecimiento la deuda de los empresarios hacia los trabajadores asciende a los 110 millones de pesos.

En este sentido especificó que son al menos 80 trabajadores sindicalizados los que siguen esperando la resolución de este problema, sumado a otros trabajadores que pertenecen a Gastronómicos. De acuerdo a los cálculos que han realizado cada año que no se resuelve esta huelga se suma aproximadamente casi de un millón y medio de pesos al adeudo entre salarios caídos y prestaciones.

Sobre una posible resolución del conflicto el líder sindical aseguró que a estas alturas es prácticamente imposible ya que el adeudo ha sido tanto, que se encuentran en el punto donde las negociaciones ya no son posibles.

"He sostenido que es prácticamente imposible llegar a un acuerdo conciliatorio con la familia Coppola, sobre todo por el costo que tiene ya el pasivo laboral de 110 millones de pesos mientras que la propiedad vale como 80 millones de pesos, entonces ya no hay punto de negociación, generalmente en las huelgas se negocian precisamente porque el pasivo general se va incrementando día a día, pero ahorita no hay conciliación", dijo.


Aseguró que los procedimientos legales se encuentran "trabados" en las instancias federales, debido a que los empresarios "le han apostado a enredar el asunto para alargarlo y vencer al sindicato con el cansancio", sumado también a que las resoluciones jurídicas se han tornado lentas, pues asegura que anteriormente las resoluciones más próximas tardaban hasta seis meses en un juzgado federal, mientras que ahora se percibe un tiempo de por lo menos diez meses.

Sobre la posibilidad de una revisión de las instalaciones por parte de los empresarios, Rentería Santana recalcó que la Ley no prevé legalmente estas revisiones, recalcando que debido a una situación de emergencia que se tuvo hasta hace tres o cuatro años por una supuesta quema de documentos en el interior, tanto la autoridad, como el empresario y el sindicato tuvieron que entrar; pero no está previsto sistemáticamente en la Ley.