La Paz, Baja California Sur.- Se negó la Contraloría Municipal del XVI Ayuntamiento de La Paz a ofrecer información sobre las irregularidades documentadas en el ejercicio de administraciones pasadas.

Sara María Beltrán Navarro, titular de dicho órgano interno de control, informó la existencia de “hechos y omisiones” del XV Ayuntamiento, del expresidente municipal Armando Martínez Vega.

Esto después de concluido el proceso de “entrega-recepción” con el dictamen de la Comisión Especial Revisora, derivado de “denuncias, quejas e informes” recopiladas y documentadas.

Reveló la existencia de 6 informes de “presunta responsabilidad administrativa”, que “pueden” derivar en denuncias de carácter penal.

Sin señalar a nadie en particular, exclamó que se consideran implicados a 12 exservidores públicos y 3 proveedores del Ayuntamiento.

Defendió el “derecho de audiencia” de estos exfuncionarios, para aportar diferentes pruebas de acuerdo a las leyes de responsabilidad administrativa.

“Los implicados ya han comparecido a las audiencias de ley, esta etapa se llama proceso de sustanciación”, explicó la contralora Beltrán.

Señaló que los hechos que constituyan “faltas administrativas” serán sancionados conforme a la ley y se formularán las denuncias penales correspondientes.

Se otorgó un plazo de 3 meses “más o menos” para poder comunicar, en caso de existir algún resultado, por parte de la “unidad resolutora”.

Por otro lado, señaló que otros 5 informes “adicionales” se encuentran en proceso de “investigación e integración”.

Sobre la revisión a la administración de Esthela Ponce Beltrán, señaló que denuncias penales fueron presentadas en tiempo y forma contra 13 exservidores públicos.

Esto derivado de 22 informes de “presunta responsabilidad administrativa”, contra la administración del XIV Ayuntamiento.

“Dichas denuncias fueron presentadas en su momento por sindicatura municipal de acuerdo a competencia legal”, expuso la contralora.

“La fase legal en la que se encuentran dichos procedimientos corresponde a autoridades judiciales dar el seguimiento y resolución”, dijo.

Señaló que 2 servidores públicos de dicha administración fueron inhabilitados.

Finalmente señaló que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó “pliegos” de observaciones “no solventadas” por un monto de 48 millones 404 mil 519 pesos.

Ante ello, la entidad federal presentó promociones de responsabilidad administrativa y procesos de responsabilidad resarcitoria para los ejercicios fiscales de 2016 y 2017.

“Son los que están auditados hasta ahora […] seguiremos informando hasta la conclusión de los procesos”, dijo la contralora.

Señaló que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, permite a la Contraloría Municipal mantener secretos los nombres y áreas auditados.

“Más datos no se pueden dar ya de asuntos que estén en trámite para no entorpecer las investigaciones que estamos haciendo nosotros”, señaló la contralora.

“No es que se decida no hacerlo, no podemos por la reserva de la información, en tanto no se resuelva, no podemos dar mayores informes”, finalizó.