La Paz, Baja California Sur.- Cobrar 350 pesos a turistas extranjeros que pernocten en Baja California Sur (BCS) es una “violación” a los Derechos Humanos.

Esto señaló Lucía Trasviña Waldenrath, senadora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien señaló que expondrá el tema ante el Congreso de la Unión.

Con proposición con punto de acuerdo, buscará exhortar al Congreso local a que reconozca que cobrar este “Aprovechamiento a la Infraestructura Estatal” es una invasión de facultades federales.

 “Es una violación a los Derechos Humanos. Tenemos que respetar el libre tránsito. Cada extranjero que visita México o BCS paga un impuesto incluido dentro de su visa”, señaló.

Señaló que buscará que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie al respecto, mediante una controversia de orden constitucional.

“El establecimiento de ese tipo de impuestos no son facultades locales, hay que leer tantito la Constitución [Política de los Estados Unidos Mexicanos]”, señaló.

Dijo innecesario llevar este trámite a los tribunales si el gobernador de BCS, Carlos Mendoza Davis, manda una iniciativa en la que “él mismo la suprima”.

“¿Para qué perdemos tiempo? Si al final de cuentas, vamos haciendo más expeditez (sic) en la ley para que funcione”, dijo Lucía Trasviña.

Señaló que ha tenido contacto con algunos diputados locales, quienes dicen estar de acuerdo en retirar este “impuesto” que todavía no se cobra.

“He hablado con algunos, sí están de acuerdo y aunque no estén de acuerdo, la norma es la norma, la Constitución es la Constitución, todos estamos obligados a respetarla”, dijo Trasviña.

“Estén de acuerdo o no estén de acuerdo, no señor, tenemos que actuar con cabalidad”, finalizó la senadora.

La Secretaría de Finanzas y Administración (Secfin), encabezada por Isidro Jordán Moyrón, informó que podría ser implementado este impuesto propuesto por el gobernador Carlos Mendoza Davis, en junio de 2019 para recaudar durante el resto del año al menos 300 millones de pesos en este rubro.

“Entre todos organizamos la campaña para generar una muy buena socialización del cobro de este aprovechamiento”, dijo el funcionario.

“Vean que el cobro de ese aprovechamiento no es una imposición, sino que estamos requiriendo el aprovechamiento para mejorar educación, salud y equilibrar el desarrollo”, agregó.

De concretarse la labor de cobro, señaló que BCS podría ser “ejemplo” para otras entidades con afluencia turística que requieren un ingreso adicional.

Los recursos serían depositados en el Fideicomiso de Aprovechamiento a la Infraestructura Estatal (FAIE), para invertirse en labores de seguridad pública, educación, salud e infraestructura.