La Paz, Baja California Sur.- Puede blindarse a Baja California Sur (BCS) de la minería sin necesidad de esperar un decreto de nuevas Áreas Naturales Protegidas (ANP) por el Gobierno de México.

Esto señaló la diputada local, Milena Quiroga Romero, coordinadora de la fracción de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso local.

Indicó que para ello fueron creadas las “zonas de salvaguarda” en la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de corte estatal.

“Esta reforma dice que se divida el estado en cuencas hídricas y se determine donde haya aprovechamiento de agua para consumo humano, agrícola, industrial”, dijo la diputada.

“Se blinda, no se generará minería ahí porque se genera contaminación nociva para cualquier fracción de esta zona cuando existan escurrimientos de agua de lluvia”, explicó Quiroga.

Este es el peligro que suponen las minas, dijo la morenista, quien se dijo a favor de esta actividad “donde no haya aprovechamiento de agua de manera natural”.

Señaló que el decreto que crea las “zonas de salvaguarda” fue publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, pero no se han delimitado por el gobernador, Carlos Mendoza Davis.

“Ya pasaron los tiempos establecidos en transitorios, desconocemos la razón pero la Ley de Equilibrio Ecológico está reformada”, expuso la diputada de Morena.

“Estamos esperando nada más que se ejerza eso para tener sustento legal, seguridad, que no vamos a tener contaminación de nuestro suelo y nuestra agua”, agregó.

Reconoció que el gobierno estatal pretende lograr un decreto para nuevas ANP para la región serrana de San Antonio, que corresponde al Poder Ejecutivo federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

“Pero también podrían funcionar las Zonas de Salvaguarda porque en esa zona hay aprovechamiento de agua y si blindamos podríamos protegerlos sin tener que decretar un ANP”, dijo Quiroga.

“Nuestro estado tiene las condiciones de poder protegernos a nosotros mismos sin tener que esperar un resultado de la federación”, señaló la diputada local.

En entrevistas previas, el gobernador Carlos Mendoza Davis, ha señalado que esta ley se encuentra impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Lo hemos analizado a detalle con el equipo de abogados del gobierno y existe una contradicción muy importante en la ley”, señaló Mendoza Davis para Diario El Independiente.

Esta fue sometida a un análisis de inconstitucionalidad por 7 diputados del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de Renovación Sudcaliforniana (PRS), el Partido Encuentro Social (PES) y el Partido Humanista (PH).

“Lo conducente es esperar a que se pronuncie la SCJN y si ratifica que es constitucional y viable, por supuesto trabajar con lo que han mandatado”, informó Mendoza Davis.

Reconoció que existe una disposición en un artículo transitorio de esta reforma a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para que el gobernador decrete estas zonas.

“Es una facultad, no una obligación del gobernador y más importante, la ley te da 6 meses para poder establecer el reglamento al amparo del cual se tienen que hacer estas determinaciones”, lanzó.

“Reglamento que obviamente no se tiene listo en este momento, no se puede proceder a determinar lo que no tiene procedimentalmente una ruta”, finalizó Mendoza.