La Paz, Baja California Sur.- Guillermo Sánchez Flores, dueño del giro comercial “MFT División Transportes”, habría recibido el pago de 337 mil pesos del Congreso de Baja California Sur (BCS), por la prestación de su servicio al organizar foros públicos sobre la Ley de Movilidad.

Ya que desde la culminación de estos, en diciembre de 2018, el proveedor no había tenido conocimiento de este pago, lo que ocasionó controversias en el Poder Legislativo.

De acuerdo a documentos en poder de Diario El Independiente, el pago fue facturado de nueva cuenta el pasado 23 de marzo de 2019, por concepto de “asesoría profesional iniciativa de Ley de Movilidad del Estado de Baja California Sur”.

Esto después de que una primera factura se canceló, tras emitirse al Congreso de BCS el 5 de noviembre de 2018 para su trámite de pago, inconcluso tras la “desaparición” del recurso.

En medio de la sustitución del diputado Ramiro Ruíz Flores, removido de la Comisión de Cuenta y Administración, acusó a Rigoberto Murillo Aguilar de haber cobrado el cheque por esta cantidad, sin pagar al proveedor.

No obstante, Murillo Aguilar respondió ante los medios de comunicación que dentro de la investigación de la transacción, se detectó que el cheque había sido cobrado por un asistente del propio Ramiro Ruíz Flores, el señor José Luis Ayala Yamuni.

Esto último presuntamente, mediante el uso de documentos y firmas apócrifas, señaló el diputado Rigoberto Murillo Aguilar.

Todo ello generó denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) entre los diputados, que hasta la fecha siguen su curso en carpetas de investigación separadas.

Por su parte, Guillermo Sánchez Flores recalcó en entrevistas previas para Diario El Independiente que el trabajo realizado por su equipo fue fidedigno y debidamente documentado en una carpeta de conclusiones.

El documento final fue entregado a los diputados integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes y al entonces presidente del Congreso del Estado, Ramiro Ruíz Flores.

“Lo entregamos por escrito el 3 de diciembre de 2018, incluía todos los escritos, oficios, ponencias y posturas de cada uno de los foros”, expuso el titular.

Aclaró haber sido invitado por el diputado presidente de la comisión, Rigoberto Murillo Aguilar, quien solicitó que los foros fueran terminados y documentados antes del 4 de diciembre.

Dijo que de ser requerido por la PGJE con motivo de las denuncias presentadas entre los propios diputados que se acusaron de “desfalco”, acudirá a declarar.

También se dijo en apertura con la Dirección de Finanzas o la Contraloría del Poder Legislativo, que actualmente lleva a cabo una auditoría interna de los ejercicios fiscales 2018 y 2019.