La Paz, Baja California Sur.- Se declaró “incompetente” el gobierno de Baja California Sur (BCS) para atender un posible daño ambiental por la construcción sobre dunas costeras en Todos Santos.

El subsecretario de sustentabilidad, Rodrigo Andrés de los Ríos Luna reconoció la figura legal de esta “denuncia popular”, pero respondió que su contenido “es del orden federal”.

Esto de acuerdo al oficio SETUES.S.216.19, emitido por el funcionario estatal el pasado 15 de abril, de acuerdo a documentos en poder de Diario El Independiente.

“Son posibles actos […] que pueden producir desequilibrios ecológicos o daños al ambiente por violaciones a la legislación general ambiental”, expone De los Ríos.

“Por lo tanto son para resolución de la autoridad ambiental federal”, señala de acuerdo al oficio emitido por la Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad (Setues).

Por instrucciones del propio titular de la Setues, Luis Humberto Araiza López, la denuncia se turnó a oficinas municipales y estatales, señala el subsecretario.

Se determinó que la instancia competente es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el XVI Ayuntamiento de La Paz, por sus “jurisdicciones territoriales”.

Describe que el pasado 9 de abril, la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad (Sepuim) recibió la denuncia y la turnó a Setues.

Señala De los Ríos que no se atendió la denuncia por su interpretación en materia de aplicación de la ley, distribución de competencias y coordinación, facultades de la federación, de evaluación de impacto ambiental y de la competencia y de la gestión ambiental del orden estatal.

Ariel Ruíz Castillo, denunciante y vecino de la comunidad, consideró que la dependencia es omisa y poco empática ante la conservación del ecosistema.

Expuso que esto va en detrimento al Plan Estatal de Desarrollo (PED) de BCS 2015-2021, en donde señala como “fortalezas” el reconocimiento y cuidado de los recursos naturales.

“Esta cuestión se omite ante la postura y visión obtusa de la Setues, siendo omiso y simulado en su actuar como gobierno estatal”, expuso el todosanteño.

En su página 22, señala el “compromiso con el medio ambiente” y el desarrollo de manera “armónica” con el entorno y su imagen.

Cabe señalar que el pasado 16 de abril, el XVI Ayuntamiento de La Paz clausuró la obra mediante la orden DGDUyE-1101-396-19 de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología.

También la Profepa clausuró a partir del 24 de abril, por contravenir las disposiciones de la legislación ambiental, como parte de las diligencias del folio PFPA/BCS/012/2019. 

Sol de Seguaro S de RL de CV reanudó estos trabajos en el área conocida como “Las Tunas” a principios de abril con una licencia de construcción municipal número 0057/2019, renovada por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología en enero pasado.

Esto con una superficie de 458.8 metros cuadrados y clave catastral 601-103-143-090, mediante el uso de pancartas, donde manifestaban tener autorización de “todas las dependencias del gobierno”.

La empresa representada por Brenda Erendyra Casillas Zamora, con domicilio fiscal en la colonia Paseos del Cortez, en La Paz, interpuso un amparo por una clausura previa en el año 2016, aunque las nuevas sanciones se derivan de denuncias interpuestas en 2019.

Vecinos han solicitado a las autoridades procurar que esta clausura “sea la definitiva” porque la empresa interesada no cuenta con permiso alguno para continuar esta obra.