La Paz, Baja California Sur.- El aprovechamiento a la infraestructura turística que se busca cobrar a los turistas extranjeros, es facultad del Congreso de Baja California Sur (BCS) y no del Congreso de la Unión.

Esto respondió el gobernador, Carlos Mendoza Davis, a la postura negativa dada al respecto por la senadora Lucía Trasviña Waldenrath, de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“Esto se aprueba y discute en el Congreso del Estado y no en el Congreso Federal […] no son la autoridad competente para decidir a propósito del aprovechamiento”, dijo el mandatario.

Se mostró seguro de que en BCS “todos estamos de acuerdo” en que el turismo internacional debe “financiar” el gasto social que genera la explosión demográfica.

“Que como todas las ideas, siempre hay gente que está a favor, gente en contra […] creo que mayoritariamente en BCS todos estamos de acuerdo”, dijo el Ejecutivo.

“Contento de escuchar, porque soy respetuoso de las manifestaciones sobre todo de nuestros legisladores, pero en este caso se trata de legisladores federales y este es un tema eminentemente del estado”, advirtió.

Expresó que de concretarse la socialización con empresarios, podría comenzar su cobro en julio de 2019 a través del Fideicomiso de Aprovechamiento a la Infraestructura Estatal.

“Vamos bastante bien, esperamos que hacia mediados del año, mes de julio podamos estar iniciando el cobro ya en los aeropuertos”, finalizó.

La senadora Lucía Trasviña Waldenrath, advirtió que esta es una violación a los Derechos Humanos que expondrá el tema ante el Congreso de la Unión.

Con proposición con punto de acuerdo, buscará exhortar al Congreso local a que reconozca que cobrar este “Aprovechamiento a la Infraestructura Estatal” es una invasión de facultades federales.

“Es una violación a los Derechos Humanos. Tenemos que respetar el libre tránsito. Cada extranjero que visita México o BCS paga un impuesto incluido dentro de su visa”, señaló.

Señaló que buscará que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie al respecto, mediante una controversia de orden constitucional.

“El establecimiento de ese tipo de impuestos no son facultades locales, hay que leer tantito la Constitución [Política de los Estados Unidos Mexicanos]”, señaló.

Dijo innecesario llevar este trámite a los tribunales si el gobernador de BCS, Carlos Mendoza Davis, manda una iniciativa en la que “él mismo la suprima”.

“¿Para qué perdemos tiempo? Si al final de cuentas, vamos haciendo más expeditez (sic) en la ley para que funcione”, dijo Lucía Trasviña.

Señaló que ha tenido contacto con algunos diputados locales, quienes dicen estar de acuerdo en retirar este “impuesto” que todavía no se cobra.

“He hablado con algunos, sí están de acuerdo y aunque no estén de acuerdo, la norma es la norma, la Constitución es la Constitución, todos estamos obligados a respetarla”, dijo Trasviña.

“Estén de acuerdo o no estén de acuerdo, no señor, tenemos que actuar con cabalidad”, finalizó la senadora.