La Paz, Baja California Sur.- El recurso de inconstitucionalidad contra el decreto que crea la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado (ASE), no detiene su curso.

Esto señaló el diputado presidente del Congreso de Baja California Sur (BCS), Homero González Medrano, sobre este procedimiento suscrito por un tercio del pleno ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Es un recurso constitucional válido, pero no invalida que prosiga la unidad con todos sus trabajos puesto que la ley no permite suspensión de este acto ya legislado”, dijo el diputado.

Señaló que tras entablar diálogo con los promoventes de dicho proceso jurídico, han manifestado “no estar en desacuerdo con la unidad ni con el decreto que la creó”.

Reconoció que la impugnación ante la SCJN se debe a “cuestiones de duplicidad de funciones” de dicha unidad con la Contraloría del Congreso de BCS.

“Pero la contraloría interna está encargada de ver ciertas cuestiones de control dentro del Congreso. Los de la unidad exceden al Congreso y se va a los entes públicos”, expresó.

“Estos son fuera del propio Congreso y sobre todo, tiene observarse el factor de desempeño de la propia Auditoría Superior del Estado”, dijo el diputado.

El Congreso de BCS contará con un plazo de 30 días adicionales para aprobar el reglamento interno de la Unidad.

Previamente, diputados del Partido Encuentro Social (PES), el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Humanista (PH) impugnaron esta reforma del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso de BCS.

Perla Guadalupe Flores Leyva, Lorenia Lineth Montaño Ruíz, Rigoberto Murillo Aguilar, Anita Beltrán Peralta, José Luis Pérpuli Drew, Elizabeth Rocha Torres y Daniela Rubio Avilés unieron sus firmas para pedir cancelar una adición a la Ley de Fiscalización.

Esto al presentar la acción de inconstitucionalidad 3/2019 ante la SCJN, en contra del dictamen que crea la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la ASE.

Si la SCJN determina que esta norma es contraria a la Ley Suprema, no podrá volver a tener vigencia ni aplicársele a persona alguna.

La creación de la Unidad fue una propuesta de la fracción de Morena, a través del propio diputado Homero González Medrano.

Fue aprobada el 27 de septiembre de 2018 y vetada parcialmente por el gobernador, Carlos Mendoza Davis el 20 de noviembre del mismo año.

Posteriormente, el dictamen regresó al Congreso local y fue nuevamente aprobado por los diputados de Morena, el Partido del Trabajo (PT), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y sin partido.

La nueva Unidad de Evaluación y Control “vigilará” que el titular de la Auditoría Superior del Estado, los auditores especiales y los demás servidores públicos se sujeten a la Ley de Responsabilidades Administrativas en la revisión de las cuentas públicas.

Contempla también sanciones por faltas administrativas “no graves” previstas en la Ley y promover la imposición de sanciones de faltas “graves” ante el Tribunal Superior de Justicia Administrativa del Estado.