La Paz, Baja California Sur.-  No hay injerencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en el conflicto interno administrativo del Congreso de Baja California Sur (BCS).

Así respondió la diputada Milena Quiroga Romero, coordinadora de la fracción parlamentaria de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y de la Junta de Gobierno y Coordinación Política.

Esto después de que 8 diputados encabezados por Ramiro Ruíz Flores, destituido de la Comisión de Cuenta y Administración, iniciaron una serie de denuncias en donde mencionó que 12 diputados estarían involucrados en diversos delitos.

“Lo lamento mucho y más allá que lo hayan llevado a una instancia externa. No, los problemas internos administrativos se ven aquí dentro, esto es algo mediático y lamentamos que estén tratando de confundir a la ciudadanía con esto”, dijo Quiroga.

“Están diciendo que 12 diputados incurrieron en delito, usurpando, una serie de hechos que no están comprobando, solamente mencionando sin limitarlo, como cualquiera puede hablar”, apuntó.

Expuso que en el presunto desvío de 337 mil pesos para foros de la Ley de Movilidad, donde los diputados Ramiro Ruíz y Rigoberto Murillo Aguilar se acusan mutuamente de ser responsables, “se tiene que investigar”.

“Algunos diputados estuvieron de acuerdo en desaforarse, de ser responsables y así se notifica, es un proceso que se tiene que investigar”, señaló.

“Lo que sí, es que el Congreso no puede estar dando cheques a diputados para que se pague por un servicio. Tiene que ser directamente”, advirtió sobre las irregularidades.

Señaló que este es un conflicto “mediático”, ya que no se presentaron pruebas para difundir estas acusaciones ante la PGJE y que la intención de fondo fue “afectar la integridad” de los diputados.

“No hemos sido notificados, es lamentable que se hayan sacado también documentos de acá. Nosotros no hemos recibido nada, todo lo que está, está en medios de comunicación”, finalizó.