La Paz, Baja California Sur.- Guillermo Sánchez Flores, dueño del giro comercial “MFT División Transportes”, señaló que sigue a la espera del pago de 337 mil pesos del Congreso de Baja California Sur (BCS), por la prestación de su servicio al organizar foros públicos sobre la Ley de Movilidad.

En entrevista para Diario El Independiente, señaló que el dinero que fue cobrado del Poder Legislativo y que ha sido motivo de controversias, nunca llegó a sus manos.

Recalcó que el trabajo realizado por su equipo fue fidedigno y debidamente documentado en una carpeta de conclusiones, entregada a los diputados integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes y al entonces presidente del Congreso, Ramiro Ruíz Flores.

“Lo entregamos por escrito el 3 de diciembre de 2018, incluía todos los escritos, oficios, ponencias y posturas de cada uno de los foros”, expuso el titular.

“Tuvimos alta participación de transportistas de todas las modalidades, sociedad civil organizada, grupos empresariales, como Canirac, hoteleros, la UABCS, el Tecnológico y diversas asociaciones”, dijo Guillermo Sánchez Flores.

Señaló que al ser invitado por el diputado del entonces Partido Encuentro Social (PES), Rigoberto Murillo Aguilar, para la realización de estos foros, se solicitó que fueran terminados y documentados antes del 4 de diciembre.

“Nosotros empezamos a preguntar de manera verbal cuando sale el pago, hasta encontrarnos con esta situación que se está dando el día de hoy”, señaló.

“No se nos realizó el pago a nosotros como empresa que realizó el servicio como persona física con actividad empresarial como estamos registrados ante [la Secretaría de] Hacienda [y Crédito Público]”, expuso el profesionista.

Dijo que no buscará “inmiscuirse” en los asuntos internos del Congreso de BCS, ya que “no tengo problemas” con los diputados Rigoberto Murillo Aguilar ni Ramiro Ruíz Flores.

“Como empresa solicitamos el pago por un trabajo, que ellos están aceptando, bien realizado, como profesionistas de conocida capacidad en para lo que nos contrataron”, dijo.

“Que nos llamen pronto para generar de nueva cuenta la factura que nosotros cancelamos porque al cierre del ejercicio fiscal, si quedaba una factura de esa cantidad nos podía generar complicaciones en el pago de impuestos”, se sinceró para este matutino.

Expuso que si bien la cancelación de esta factura fue debidamente notificada al Congreso de BCS, la autoridad no objetó nada durante las 72 horas de plazo para impugnar la decisión.

“Desde ahí hemos visto algunas imágenes, declaraciones, visto lo que está pasando en redes sociales, medios de comunicación”, expuso.

Dijo que de ser requerido por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), tras las denuncias presentadas entre los propios diputados, acudirá a declarar.

“Me imagino nos va a llamar para rendir nuestra declaración, estamos en toda la disposición de estar con ellos porque no hemos recibido ningún recurso, ni firmado ningún cheque”, dijo.

“No ha llegado ningún recurso a nuestra cuenta fiscal y está a disposición de las autoridades si lo requieren o solicitan”, dijo.

También se dijo en franca apertura con la Dirección de Finanzas o la Contraloría del Poder Legislativo, e incluso la Contraloría General del Estado (CGE) para resolver el asunto.

“Que nos puedan llamar para aclarar de forma correcta la parte que nos corresponde, que no hemos recibido un recurso estamos a la orden”, finalizó.