Ramiro Ruíz señaló que Rigoberto Murillo recibió un cheque por foros de la Ley de Movilidad, quien negó las acusaciones y señaló a un asistente de Ramiro Ruíz de cobrarlo.
La Paz, Baja California Sur.- Se acusan entre sí los diputados Ramiro Ruíz Flores y Rigoberto Murillo Aguilar por el cobro y la falta de pago por los foros para la Ley de Movilidad de Baja California Sur (BCS).
Esto debido a la expedición de un cheque de 337 mil pesos en noviembre de 2018 a nombre de Rigoberto Murillo, cuya factura por “MFT División Transportes” fue “cancelada” por falta de pago.
El diputado respondió a las acusaciones iniciales de Ruíz y señaló que esta acusación fue un “berrinche” tras haber sido sustituido como presidente de la Comisión de Cuenta y Administración.
“En un berrinche tras ser retirado de la Comisión de Cuenta y Administración saca esta información que debió haberme notificado en noviembre que se había cancelado la factura”, señaló.
“Me hubiera puesto a investigar qué paso con la factura, el pago, desde entonces se hubiera solucionado el asunto”, agregó Murillo.
Rigoberto Murillo Aguilar también es presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, a cargo de la discusión y socialización de la mencionada ley.
El diputado dijo haber indagado en la institución bancaria, que José Luis Ayala Yamuni, asistente parlamentario de Ramiro Ruíz Flores, fue quien realmente cobró dicho cheque, de acuerdo al archivo de Banco Mercantil del Norte (Banorte).
Acusó que se falsificó su firma por Ayala Yamuni, sin que el dinero se haya pagado a Guillermo Sánchez Flores, de MFT División Transportes.
Sobre una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) donde se le acusa por estos hechos, Murillo señaló que a pesar de contar con fuero constitucional, acudirá con un abogado a declarar de manera voluntaria.
“Vamos a omitir eso y nos vamos a presentar nosotros en las oficinas del Ministerio Público para que se nos haga la presentación de esta denuncia y desde luego acompañados de abogado, con la documentación obtenida por vía oficial”, señaló.
Señaló que para formular sus acusaciones, Ramiro Ruíz cometió un delito por la extracción y publicación de documentos oficiales.
Milena Quiroga Romero, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, se mostró en respaldo al diputado Murillo.
“Sea quien sea ya no va a haber impunidad, por eso la mayoría del pleno tomó la decisión de cambiar la comisión de Cuenta y Administración, por falta de transparencia, información, reportes que indican que se tiene que dar”, advirtió.
Señaló que los diputados que han actuado junto a Ramiro Ruíz lo han hecho de manera “personal” y a pesar de sus acusaciones, “nos tienen muy tranquilos”.