La Paz, Baja California Sur.- De acuerdo a la opinión técnica del Consejo Estatal Forestal de Baja California Sur (BCS), es “inviable” la solicitud de cambio de uso de suelo forestal solicitado por el proyecto “Unidad Minera San Antonio”.

Compañía Minera Pitalla SA de CV solicitó deforestar 577 hectáreas en el poblado de San Antonio, mediante un trámite unificado realizado ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

De acuerdo a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Semarnat deberá dar respuesta al trámite del proyecto minero tomando en cuenta estas opiniones para su veredicto.

Esto con el fin de que se preserve la biodiversidad de los ecosistemas afectados y que la erosión de los suelos, disminución en captación o deterioro de la calidad del agua, se mitiguen en áreas afectadas por remoción de vegetación.

La Semarnat, la Procuraduría Agraria y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se abstuvieron de dar una opinión técnica.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) hizo mención que la empresa cuenta con un procedimiento administrativo abierto con expediente PFPA/10.1/2C.27.5/0012-12.

“Fue sancionada mediante resolución administrativa con una multa por la cantidad de un millón 620 mil 580 pesos. No obra agregada en autos constancia alguna del pago de la multa impuesta”, expresó en su opinión.

“Ni haber dado cumplimiento a medidas correctivas ordenadas por lo que este incumplimiento se sanciona de nueva cuenta en el año 2016”, señaló.

Por dichos motivos sancionatorios, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) no generó una opinión ya que “está bajo procedimiento administrativo”.

Las instancias estatales como la Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad (Setues) y la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad (Sepuim), manifestaron una opinión técnica “no viable”.

La Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario (Sepada), señaló la relevancia de las opiniones de instancias federales.

El Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor) emitió un “voto no favorable” ante la solicitud.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) señaló observaciones en el proyecto desde el año 2012, debido a que no se describen medidas de mitigación congruentes, dada la disponibilidad del acuífero y aguas superficiales en déficit general.

La Comisión Nacional de Zonas Áridas (Conaza) recalcó el “total incumplimiento” del proyecto con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Ayuntamientos de La Paz y Los Cabos, se mostraron en contra de este proyecto al exponer sus inconsistencias y posibles daños a la industria turística.

El Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco) opinó solamente sobre la relevancia del respeto y cuidado al medio ambiente.

El Técnico Profesional Forestal, señaló incongruencias por parte del uso del suelo y en el área total del predio a utilizar por La Pitalla, además del cálculo de servicios ambientales hidrológicos y la presencia de flora endémica en la región.

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (Inifap), señaló concordancia con la opinión respecto a la inviabilidad del proyecto.

Organizaciones civiles como Asociación Estatal Forestal Sierra La Laguna y Sociedad de Historia Natural Niparajá, se mostraron por la inviabilidad del proyecto.

El trámite solicitado por La Pitalla aparece en la Gaceta Ecológica 2019 de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat, con la clave 03BS2019M0004.

El proyecto implica la explotación de minerales a cielo abierto mediante el método de lixiviación con cianuro y adsorción con carbón activado. Actualmente, este método es el más utilizado para extraer oro, plata, cobre y zinc por su bajo costo y “alto rendimiento”.

Activistas y especialistas señalan que el uso de cianuro para extracción de metales ha sido prohibido en distintos lugares del mundo, debido a que sus compuestos son altamente tóxicos.