NEBRASKA, ESTADOS UNIDOS.-Un migrante mexicano residente en Nebraska se declaró este miércoles culpable en una corte federal de facilitar la llegada de cientos de indocumentados para realizar trabajos agrícolas en este estado, así como en los de Minesota y Nevada, con ganancias ilícitas de unos 5.6 millones de dólares.

Juan Pablo Sánchez Delgado, de 40 años y sin residencia legal en Estados Unidos, era el cabecilla de una banda que incluía a algunos de sus familiares y allegados y que operó desde 2015 hasta mediados de 2018.

Previamente deportado, Sánchez instaló su sede de operaciones en O'Neill, una localidad de 4.000 habitantes situada al noroeste de Lincoln, Nebraska.

En julio de 2018, agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizaron 13 operativos simultáneos en O'Neill y otros lugares y detuvieron a unos 100 indocumentados, así como a Sánchez Delgado y a 15 de sus asociados.

Entre ellos, estaba Antonio De Jesús Castro, de 23 años e hijo adoptivo de Sánchez Delgado.

Castro se declaró culpable en diciembre de colaborar en la operación que desde 2015 llevaba inmigrantes mexicanos indocumentados a Nebraska y a Minesota para trabajar en granjas locales.

Al asumir así su responsabilidad, Castro evitó cargos más severos como fraude inmigratorio y lavado de dinero, anulados ahora también en el caso de Sánchez Delgado.

La Fiscalía federal en Nebraska dijo que, como parte del acuerdo de Sánchez Delgado con el Gobierno, el mexicano perderá cuatro propiedades en Las Vegas, Nevada, con un valor total superior al millón de dólares.

La sentencia de Sánchez Delgado se conocerá a fines de mayo y podría acarrearle una década de cárcel y una multa de hasta 250.000 dólares.

La sentencia de Castro se conocerá este mes y podría llegar a 10 años en una prisión federal.

También se incautarán 178.000 dólares de las cuentas bancarias de Sánchez Delgado, un dinero proveniente de los pagos quincenales recibidos de indocumentados.

El monto total acumulado por Sánchez Delgado llega a 5.6 millones de dólares, según la Fiscalía.

Algunos de los indocumentados trabajaban en granjas como O'Neill Ventures, en la producción de tomates; Elkhorn River Farms, en el cultivo de papas, y Herd Co., de alimentos para ganado.

Los dueños de esos establecimientos también enfrentan cargos federales por haber contratado a extranjeros sin verificar su documentación.