CIUDAD DE MÉXICO.-Si bien el Instituto Nacional Electoral (INE) fiscaliza a los partidos y los sanciona por las irregularidades encontradas en sus ingresos y gastos, el Órgano Interno de Control y la Auditoria Superior de la Federación (ASF), que vigilan al instituto, hallaron anomalías en la aplicación de recursos por parte de éste.

El Órgano de Control del INE reportó, en su auditoría 2018 al instituto, que encontró un pasivo diferido a largo plazo por mil 174 millones de pesos, sin que se cuente con el soporte documental correspondiente.

En adición, detectó un terreno comprado por el INE, con valor de 1.57 millones de pesos, que no fue registrado, y el pago de 123 plazas vinculadas con el proyecto específico Integración de Mesas Directivas de Casillas y Capacitación Electoral 2018, adicionales a las originalmente aprobadas.

“Los aspectos más relevantes identificados a través de la función fiscalizadora de los resultados de la jornada electoral del 1 de julio nos obligan a reconocer que, si bien el proceso electoral fue exitoso en cuanto a sus resultados para consolidar la democracia, hay mucho por hacer para afianzar la eficiencia y economía administrativa”, dice el Órgano de Control en una de sus conclusiones.

En este sentido, la ASF puso 12 denuncias en contra de servidores públicos del INE durante 2018 por realizar pagos por 1.4 millones de pesos a siete prestadores de servicios contratados por honorarios, los cuales no cumplieron con los requisitos académicos requeridos y no cumplieron con la entrega de 401 mil 949 mil materiales electorales pagados por el instituto.

En tanto, el Órgano Interno inició 220 investigaciones de oficio que se refieren a la omisión de presentar 56 declaraciones patrimoniales, de las cuales 76 asuntos ya concluyeron y siguen en trámite 144.

En cuanto a responsabilidades administrativas, durante 2018 se acumularon 561 expedientes, de los cuales ya se dictaron 390 resoluciones definitivas. Sólo en siete casos se impusieron inhabilitaciones de entre tres y 11 meses para igual número de servidores públicos.

El informe destaca que, en materia de procesos de adquisiciones, el instituto tiene que avanzar en la consolidación del sistema CompraINE y fortalecer las estrategias de estandarización de actividades, capacitación y supervisión del personal que interviene en investigaciones de mercado y adjudicaciones directas.

Lo anterior debido a que se advierte que el INE continúa “adjudicando contratos con base en una cuestionable asignación de puntos en las evaluaciones técnicas; así como, limitando la libre participación de licitantes en los procesos de contratación”.