Cabo San Lucas, Baja California Sur.- Luego de que el gobernador Carlos Mendoza Davis, diera a conocer que impugnará la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para lograr que Baja California Sur (BCS) sea contemplada en el Programa de la Zona Libre de la Frontera Norte de México, la iniciativa privada de Los Cabos y diversos sectores como cámaras y confederaciones han mostrado su apoyo a la propuesta del ejecutivo estatal. 

Como la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco) en voz de Vicente Ruiz Piña, consejero nacional de Concanaco, quien considera que las declaraciones de Mendoza Davis, son una buena determinación que espera sea escuchada por la federación por el bien de los sudcalifornianos, al considerar al igual que el gobernador que es una medida discriminatoria para el Estado. 

“Efectivamente la discriminación no es por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sino de las autoridades federales, en específico de los diputados federales y senadores, esa disposición de no incluirnos en los incentivos fiscales fue de los legisladores, hicieron modificaciones a la Ley de Ingresos, estableciendo cuáles serían los beneficios que se darían a las zonas fronterizas y del que no todas van a recibir estos beneficios", explicó Ruiz Piña. 

Por su parte Ricardo Davis, presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (Canacintra) en Los Cabos, aseguró que la única medida que puede tomar Baja California Sur y su ejecutivo estatal es promover un amparo, considerando además que el planteamiento tal como lo hiciera en un principio el gobernador no fue el adecuado. 

“El Gobernador seguramente no hizo la propuesta de la manera correcta, así que tendrá que replantear el reclamo de una manera acertada o presentar el amparo" indicó, Ricardo Davis. 

Explicó que posterior a la controversia constitucional promovida por Carlos Mendoza en el que buscaba que BCS fuera incluida en los incentivos fiscales de las zonas fronterizas y que finalmente no fue aprobado, no queda más que el jefe del Ejecutivo general promueva el amparo.