La Paz, Baja California Sur.- Milena Paola Quiroga Romero, diputada presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso local, advirtió que tras ofrendarle facultades al gobernador Carlos Mendoza Davis para decretar "zonas de salvaguarda" con una reforma a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, el plazo venció el domingo 10 de febrero.

De acuerdo a la coordinadora de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se realizó una reforma a la Constitución donde se le dio completa facultad al Ejecutivo para decretar estas zonas, recalcando que no lo hizo en el plazo de 60 días naturales para publicarlas en el Boletín Oficial.

Tras la noticia de que la minera "La Pitalla" solicitó nuevos permisos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para deforestar diversas hectáreas en la comunidad de San Antonio, Diario El Independiente cuestionó a la diputada sobre qué acciones tomará el Poder Legislativo para evitar que la minería tóxica entre al estado, donde recalcó "que el trabajo se hizo" y "se quedó" en manos de Mendoza Davis.

"El trabajo al cual nos comprometimos para bloquear legislativamente a las actividades mineras ya lo hicimos, lamentablemente también existió un recurso que ingresaron con la acción de inconstitucionalidad por parte de algunos compañeros diputados, la buena noticia es que esta acción no detiene el proceso legislativo que ya está publicado en el Boletín", dijo Milena Quiroga.

"Se le tiene que exigir, porque trabajamos muchísimo con expertos e investigadores para hacer esta defensa de nuestros recursos naturales, lo llevamos a una Ley de Equilibrio Ecológico mismo que ya se publicó y que se votó en unanimidad de los 21 diputados [...] ahora corresponde al gobernador con la facultad que ya le dimos como Poder Legislativo", comentó al medio.

De acuerdo al Boletín Oficial en su publicación del 12 de diciembre, se adicionó a la Constitución local la "fracción XXVII BIS", al artículo 79 y la fracción VII BIS al numeral 148; señalando que las facultades del gobernador son las de "decretar por causas de utilidad pública Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Salvaguarda Territoriales para la Prevención de la Contaminación, en términos de lo dispuesto en la Ley de Equilibrio Ecológico vigente", dice.

Aunado a ello recalca que los Ayuntamientos no podrán otorgar permisos para construcciones, que tengan como propósito el manejo, la acumulación o el resguardo de materiales peligrosos, conforme a lo que se estipula en dicha Ley Ecológica vigente.

Señaló que los diputados continuarán "esperando" que el gobernador dé a conocer las nuevas zonas de salvaguarda para BCS.

Cabe destacar que 7 diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de Renovación Sudcaliforniana (PRS), el Partido Humanista (PH) y el Partido Encuentro Social (PES) impugnaron esta reforma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

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Esto por considerar que la iniciativa de Morena "invade" facultades exclusivas de la federación, como la delimitación y manejo de las áreas naturales protegidas (ANP).