CIUDAD DE MÉXICO.-La Secretaría de Cultura federal (SC), que encabezaba María Cristina García Cepeda, habría incurrido en un probable daño o desfalco al erario por 226 millones 667 mil 599 pesos en relación con los apoyos y donativos a proyectos culturales asignados en 2017. Así lo informó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su tercer informe de la cuenta pública correspondiente a 2017.

El probable daño más importante es por 163 millones 182 mil 581 pesos y corresponde a los recursos asignados a 66 proyectos culturales de carácter gubernamental y no gubernamental, de los cuales la SC “no presentó evidencia documental que acredite su ejecución”, detalla el reporte.

Otro daño de mayor volumen es por 8.5 mdp, entregados a una asociación civil para la realización de los proyectos Festival Rompiendo las Fronteras del Sabor (folio 468), Temporada Cultural (343 ) y el Festival Cultural de los Reyes (469).

Estos proyectos fueron asignados a los municipios de Córdoba, Puerto Vallarta y la entonces delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, “de los que se comprobó que no se llevaron a cabo, dado que las autoridades municipales y de la delegación informaron que en dichas demarcaciones territoriales no se llevó a cabo evento alguno”.

Aunado a esto, “la evidencia fotográfica proporcionada para acreditar la realización del primer proyecto mencionado corresponde a eventos que se efectuaron en Chile, España y Argentina, los cuales no tienen relación alguna con el proyecto autorizado”.

Otro probable daño  fue también por 8.5 mdp, monto que fue asignado a una asociación civil para la realización de los proyectos culturales Festival de Cine Mexa de Corazón (folio 472); Festival de la Muerte (474) y Caravana Cultural del Bajío (447).

Estos recursos fueron asignados a los municipios de San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno y Encarnación de Díaz, de Jalisco; y Calvillo, Jesús María y San José de Gracia, de Aguascalientes, así como a la entonces delegación Milpa Alta.

La Auditoría comprobó que estos proyectos “no se llevaron a cabo, dado que las autoridades municipales y de la entonces delegación Milpa Alta informaron que en dichas demarcaciones no se llevó a cabo ninguno de los eventos, además de que se presentó información presuntamente apócrifa para acreditar los permisos otorgados por dichas autoridades.”

Otro probable daño detectado, también por 8.5 mdp, corresponde a los recursos otorgados a una asociación civil que ejecutó el proyecto Guanajuato trabaja por la cultura (folio 369), consistente en la presentación de 48 funciones de teatro infantil durante 24 días, en el Teatro Juárez, y de 14 talleres para 420 docentes de nivel primaria en el Centro Cultural Mariel.

Estos eventos, aclara el reporte, de acuerdo con la información obtenida en las visitas domiciliarias a los citados recintos, “no se realizaron, y en cuanto a los proveedores de los servicios, tres no fueron localizados en sus domicilios, uno de los cuales está identificado por el SAT como Empresa que Factura Operaciones Simuladas”.

FALSIFICACIÓN

En resumen, el reporte detalló que la SC, durante 2017, no contó con los mecanismos de control para el otorgamiento, aplicación, supervisión y comprobación de los recursos. Ante lo cual, dichos gastos motivaron irregularidades que van desde la no realización de eventos hasta cotizaciones falsas o alteradas, bienes no adquiridos u obtenidos en menor cantidad que la autorizada, precios de bienes y servicios superiores a los del mercado, pagos en exceso, falsificación de firmas en documentos oficiales y actividades de autobeneficio.

Además se detectó que la restauración de monumentos históricos no contaron con la validación o visto bueno del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se encontró una importante falta de documentación comprobatoria de la aplicación de recursos, de los que se recuperaron y reintegraron a la Tesorería de la Federación (Tesofe) 17.1 mdp”.

La ASF también observó que en el Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018, la SC, INAH e INBA le dieron relevancia a las expresiones artísticas, y se dejó en segundo plano la preservación del patrimonio cultural.

Aunado a esto, las tres instancias —encabezadas por García Cepeda, Diego Prieto y Lidia Camacho—, “carecieron de diagnósticos sobre el estado físico de los bienes del patrimonio cultural material, para determinar las necesidades de mantenimiento, conservación y restauración”. Y se precisa que, respecto de la salvaguarda del patrimonio cultural, las tres instancias “carecieron de un diagnóstico del estado en que se encontraban los bienes inmateriales bajo su responsabilidad en 2017”, tras los sismos de ese año.

Y concluye: “En opinión de la ASF, no fue posible evaluar en qué medida la Secretaría de Cultura, así como el INAH e INBA, preservaron el patrimonio cultural de la nación en 2017, ante el riesgo de que se deteriore y se pierda, debido a la falta de un diagnóstico sobre el estado físico de los bienes culturales que integran el patrimonio material de la nación, que les permita ubicar, valorar y cuantificar los bienes para establecer las prioridades de su atención”.

Por último, en cuanto al tema presupuestal, la ASF informó que se revisaron mil 722.59 millones de pesos para la preservación del patrimonio, “pero las unidades administrativas de la Secretaría de Cultura reportaron los resultados y el presupuesto de sus gestiones en programas presupuestarios que no se relacionan con la materia”.