La Paz, Baja California Sur.- El asesinato, Rafael Murúa Manríquez, conmocionó a México por ser el primer periodista asesinado en el 2019 y el segundo en Baja California Sur (BCS) en los últimos dos años.

La interrogante está en el aire: ¿Cuáles son las líneas de investigación que tiene la autoridad competente? ¿Un asunto personal o su labor periodística?

Tras ofrecer una conferencia de prensa para dar a conocer la captura de uno de los autores materiales del asesinato de Rafael Murúa, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Daniel de la Rosa Anaya, dio una entrevista telefónica para diversos medios de comunicación sobre el tema.

El procurador confirmó que  hay dos líneas de investigación en el asesinato de Rafael Murúa: un móvil personal y  un móvil por su labor periodística.

El funcionario expuso que se ha  integrado en la carpeta de investigación un conflicto que tuvo el periodista con un miembro de la delincuencia organizada en Santa Rosalía. 

Dicho altercado se suscitó tras un accidente automovilístico, ese sería el móvil por cuestiones personales.

Daniel de la Rosa recalcó a los medios que la Procuraduría no ha descartado un asesinato por la labor periodística  de la víctima.

El procurador reveló que Rafael Murúa fue víctima de extorsiones y amenazas por parte del crimen organizado en Mulegé. El periodista habría sido presionado para realizar publicaciones en su medio de comunicación, Radiokashana.

Este hecho fue denunciado por el mismo Rafael Murúa. En una carta dio a conocer la situación que atravesaba por ejercer su libertad de expresión en Santa Rosalía y, detalló, que había recibido amenazas para realizar publicaciones a favor de un grupo criminal. 

El titular de la PGJE confirmó esta versión al precisar que  las amenazas por parte del crimen organizado se dieron en contra de Rafael Murúa en tres ocasiones: uno en 2016 y otras dos en diciembre del 2018.

Uno de los últimos datos revelados por la Procuraduría, indica que, cuando fue encontrado el cuerpo sin vida del periodista,  llevaba consigo un sistema GPS. 

El mecanismo de Protección a Periodistas había sido activado para Rafael Murúa,  sin embargo, se desconoce si el protocolo todavía se ejercía para el comunicador. 

Por último, el procurador enfatizó que, de ser necesario y se acredita en las investigaciones, se llamaría a declarar a cualquier funcionario de cualquier nivel de gobierno.