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Hoy es miercoles, 9 de octubre de 2024

“Nunca se ha castigado a nadie en BCS por el delito de peculado”: Victimas del Delito

No hay registro histórico que demuestre que algún servidor público haya sido sancionado por robar al erario de BCS

“Nunca se ha castigado a nadie en BCS por el delito de peculado”: Victimas del Delito

La Paz, Baja California Sur.- El representante del Consejo de Atención a Víctimas del Delito, Arturo Rubio Ruiz,  expuso que no existe registro histórico de algún servidor público que hay sido sancionado por el delito de peculado en Baja California Sur (BCS). 


El abogado recordó que el caso más cercano, fue el que protagonizó el exalcalde de Loreto, Yuan Yee. El litigante recapituló que el expresidente había sido condenado en primera y segunda instancia, sin embargo, un amparo lo exoneró.


El activista señala que la exoneración a través del amparo se dio porque el Ministerio Público no supo integrar adecuadamente el expediente de averiguación previa con el que fincó la acusación en contra del exalcalde.


“Hablando específicamente de Baja California Sur, ha sido un reproche social reiterado, el dispendio, derroche y desvío de recursos públicos, que queda al descubierto en cada cambio de administración, y siendo tan importante combatir el peculado, por ser el referente de corrupción por excelencia, en la práctica encontramos que no se sanciona”, expuso Arturo Rubio.


Según el abogado, el peculado, en términos generales, se concreta cuando un servidor público desvía o distrae de su destino, dinero, valores, fincas, o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, organismos descentralizados, municipios o a un particular, si por razón de su cargo los hubiera recibido en administración o en depósito.


Desde su perspectiva, hay cuatro factores que históricamente han cobijado la impunidad de los servidores públicos que han saqueado las arcas estatales y municipales de BCS: la complicidad entre quien delinque y quien debe sancionar,  la incapacidad técnica del personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), ausencia de supervisión real por parte de contralores y la  irresponsabilidad ciudadana por complacencia.