La Paz, Baja California Sur.- Los resultados de la revisión de la entrega-recepción del expresidente municipal de La Paz, Armando Martínez Vega, serán “reservados”.

El Cabildo aprobó por unanimidad dicho dictamen de la Comisión Especial Revisora, pero además pidió enviarlo al recientemente designado “Comité de Transparencia” para su “clasificación”.

Esto debido a que al hacer público su contenido de inmediato, podría echar abajo la “presunción de inocencia” o la “presunción de responsabilidad” y en consecuencia, agravar cualquier proceso legal.

El presidente municipal, Rubén Muñoz Álvarez, se mostró a favor de esta propuesta del regidor José María Avilés de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El alcalde señaló que la comisión encontró “en su decir” diversas irregularidades, por las cuales se deberá proceder con “acciones de ley”.

“Que se proceda con acciones que ley establece en caso de irregularidades encontradas, así como aquellas que correspondan al ámbito legal correspondiente”, dijo el alcalde.

El regidor Avilés, hizo del conocimiento público el acuerdo único y los transitorios del dictamen, para toda la ciudadanía.

En el acuerdo único, se autoriza dicho dictamen de verificación y análisis de los documentos de entrega-recepción del XV Ayuntamiento de La Paz para que “surjan todos los efectos legales” a que haya lugar.

En sus transitorios instruye al secretario general, Alejandro Mota Trasviña, a notificar a las dependencias municipales competentes de esta determinación.

También a la contralora municipal, Sara María Beltrán Navarro, se instruye “iniciar las auditorías correspondientes” a través de las dependencias involucradas.

A la síndica municipal, Martha Judith Páez Osuna, se le instruye “en caso necesario” ejercer en nombre y representación del Ayuntamiento, acciones legales, penales, civiles o administrativas.

“Todo a lo que haya lugar, con apoyo de la Dirección General de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de La Paz”, según el dictamen.

Por otro lado será turnado a la Auditoría Superior del Estado (ASE) la copia del expediente de entrega-recepción.

El mismo deberá ser incluido el dictamen en el Boletín Oficial del Gobierno de BCS.

El alcalde Rubén Muñoz reiteró la existencia de “presuntas irregularidades” en rubros que aseguró, “habrán de ser revisadas, sancionadas y dictaminadas”.

Esto por los órganos jurisdiccionales, que deberán establecer responsabilidades en caso de haberlas tras llevar a cabo los "nuevos procesos" de revisión y auditoría.

El regidor José María Avilés, planteó un monto de casi 300 millones de pesos como "presunto daño" al patrimonio municipal.