La Paz, Baja California Sur.- Salió victoriosa la Contralora General del Estado, Sonia Murillo Manríquez, al presentar su comparecencia conforme al tercer informe de Gobierno de Baja California Sur (BCS).

En menos de una hora, fueron desahogados el discurso y la serie de preguntas y respuestas por parte del Congreso de BCS, que versaron sobre temas muy sencillos.

Sobre todo en la tardanza de la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, a lo que aludió la falta de participación ciudadana para conformar los comités.

Destacó que el titular del Poder Ejecutivo, Carlos Mendoza Davis, ha promovido una política de transparencia y buen gobierno, en su Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021.

Dijo que como estrategias se tomaron la lucha contra la corrupción, la rendición de cuentas del quehacer gubernamental y el acceso efectivo a la información pública.

Señaló que la Contraloría General del Estado (CGE) tiene como facultades la fiscalización y control de los recursos públicos, así como aquellas que deriven del Sistema Estatal Anticorrupción.

Advirtió que con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, ahora existe una “Coordinación Anticorrupción” que atiende los asuntos relacionados en esta materia.

Expresó que como autoridad investigadora de las quejas y denuncias interpuestas por la ciudadanía a través de los diversos medios que para ese efecto se tienen disponibles.

Hizo patente la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017.

Dijo que los sudcalifornianos consideran que la corrupción es el segundo problema más importante en su entidad federativa, en correspondencia con la “media nacional”.

Propuso una mejor coordinación entre los 3 poderes para orientar las capacidades hacia objetivos comunes en la erradicación de la corrupción.

·         Fueron 479 quejas en el tercer año de gobierno estatal

Informó que la CGE recibió 479 quejas o denuncias, “atendidas y canalizadas a la instancia correspondiente”.

Dijo que 124 fueron turnadas a los Órganos Internos de Control y 355 fueron directamente tramitadas por la Contraloría General. 

Expuso que las denuncias ciudadanas contra los servidores públicos disminuyeron un 28 por ciento con respecto al año anterior.

De estos 355 casos, 40 fueron atendidos por la vía administrativa y los 315 restantes derivaron en el inicio de expediente de presunta responsabilidad administrativa.

Sobre el origen de las quejas, el 40 por ciento provienen de las observaciones emitidas como resultado de auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El 25 por ciento de los resultados con observaciones de las auditorías realizadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Y un 28 por ciento, corresponde a las denuncias ciudadanas;  un 7 por ciento restante, a la presentación extemporánea de la Declaración de Situación Patrimonial de Servidores Públicos. 

De los 315 expedientes iniciados, 41 de ellos están concluidos y el resto en etapa de investigación.

Sobre la normatividad establecida dijo haber revisado el cumplimiento debido en 769 procedimientos de licitación y concursos registrados en el Sistema de Contrataciones Públicas CompraNet efectuados por Gobierno del Estado y los Ayuntamientos.

Dijo que la Contraloría General tuvo presencia en 337 procedimientos de contratación donde fueron asignados recursos públicos por la cantidad de mil 373 millones 129 mil pesos.

Se atendieron 6 recursos de inconformidad y 3 procedimientos de conciliación, asegurando que la asignación de obras públicas, adquisiciones y servicios relacionados con las mismas, se realizara en condiciones de equidad y legalidad entre los participantes.

·             Tan solo 11 sanciones en el año para servidores públicos

Expresó que derivado de las auditorías, la Contraloría General emitió 11 sanciones administrativas: 1 Inhabilitación, 2 destituciones, 1 sanción económica, 4 amonestaciones y 3 apercibimientos.

A través del Sistema DeclaraNet Plus dijo haber recibido 2 mil 394 Declaraciones de Situación Patrimonial y de Conflicto de Intereses, conforme a las siguientes modalidades: “Modificación” 2 mil 33, “Inicial” 300 y 61 de “Conclusión”.

Reconoció los cambios y los retos que supone el Sistema Nacional Anticorrupción en la Constitución General de México y las 32 Constituciones Estatales.

“Generó la institucionalización de una nueva forma de entender y atender los problemas económicos y sociales actuales que cristalizó”, dijo.

“En esta gran tarea, participamos todos, tanto la sociedad civil, como los grupos empresariales, las autoridades de los tres niveles de gobierno y, por supuesto, los tres poderes de la nación”, agregó.

Expuso que por ello buscarán trabajar de una manera “diferente”, con el “mayor ánimo y compromiso de cumplir”.