La Paz, Baja California Sur.- Este martes fue retirada del orden del día del Congreso de Baja California Sur (BCS) una reforma constitucional que elimina la prohibición expresa de permitir nuevas casas de apuestas, sorteos y similares.

El dictamen fue presentado por la Comisión de Asuntos Comerciales y Turísticos del Poder Legislativo, presidida por el diputado Carlos Van Wormer y fue iniciado por el diputado Héctor Manuel Ortega Pillado.

Buscaban suprimir párrafos de los artículos 11 y 148 de la Constitución Política de BCS, en donde se prohíben en la entidad otorgar “usos de suelo” y nuevas edificaciones para “casinos”.

“No estarán permitidos en el Estado los usos de suelo y edificaciones para establecerse ni funcionar ninguna casa, o lugar abierto o cerrado, en que se practiquen juegos con apuestas ni sorteos, de ninguna clase y similar”, reza el párrafo a eliminar del artículo 11.

Pretendía eliminar también la obligación expresa a los ayuntamientos de “prohibir” usos de suelo a dichos giros comerciales.

El iniciador de la reforma, diputado Héctor Ortega Pillado de Morena, se ausentó de la sesión.

Ese mismo día, compareció el diputado Luis Cordova Urrutia, secretario de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario.

El diputado Ramiro Ruíz Flores, presidente del Congreso, informó que la propuesta fue finalmente turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia.

Ahora su dictaminación será encabezada por el diputado Esteban Ojeda, de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El diputado Carlos José Van Wormer Ruíz, reiteró que pretenden “regresar” atribuciones a los ayuntamientos y no específicamente apoyar este tipo de giros comerciales.

“Restricciones mediante leyes estatales a los ayuntamientos, lo que lacera el estado de derecho, ya que resultan inconstitucionales, en virtud de que el ciudadano debe acudir a otras instancias a hacer valer sus derechos”, expuso el diputado.

“Los ayuntamientos deben ser responsables de las licencias y  concesiones que emitan, debiendo asumir la responsabilidad que esto implica, dejando de escudarse en autoridades de otro nivel”, advirtió.

Por ello Van Wormer aseguró que seguirán dotando a los ayuntamientos y autoridades del ámbito local de certeza jurídica para “asumir con plenitud sus responsabilidades”.