La Paz, Baja California Sur.- En el marco del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer es necesario hacer un balance sobre cómo se encuentra Baja California Sur (BCS) en el tema. 

Especialistas, asociaciones, investigadoras e instancias nacionales pueden darnos un norte sobre qué ocurre en BCS en temas como el feminicidio, abuso sexual y violencia en el hogar. 

La profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), Lorella Castorena Davis, explica que el feminicidio consiste en el asesinato de una mujer con señas violentas como vejaciones sexuales o exposición del cuerpo de la víctima. 

La académica, que como línea principal los estudios de género, indica que las mujeres que son víctimas de feminicidio suelen ser violentadas por parejas o familiares. La desaparición forzada antes del hecho también es una característica recurrente en este tipo de asesinatos. 

“Las razones por las cuales se mata a las mujeres es porque violentaron el código de su relación de pareja: no le cocinan bien, porque no quieren tener sexo, porque está enfermo de celos; todo lo que se llama feminicidio íntimo, es decir el que ocurre al interior de la pareja”, explica Lorella Castorena. 

“Generalmente las que asesinan a las mujeres en el feminicidio íntimo son sus parejas: son hombres que se sienten desesperados porque perdieron control sobre ella y, como perdieron control sobre ella, prefieren verla muerta que lejos de su control. Ese es más o menos como el trasfondo psicológico”, informa. 

La investigadora, María Salguero, realizó una documentación sobre femincidios entre el 2016 y 2018. En 2 años, la activista logró identificar 39 casos de asesinatos contra mujeres con señas de violencia feminicida. 

Con base en notas periodísticas, investigaciones y reportajes de medios de comunicación en BCS, María Salguero marcó 18 feminicidios en La Paz, 17 en San José del Cabo y 4 en Cabo San Lucas. 

Probablemente por las complicaciones informativas que se generan constantemente en Comondú, Loreto y Mulegé, la activista no avanzó hacia el norte de BCS. 

El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Daniel de la Rosa Anaya, ha insistido en que no todos los asesinatos de mujeres pueden alcanzar el estatus de un feminicidio, sin embargo, María Salguero ha logrado clasificar al menos 39 hechos con señas de violencias feminicida. 

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), hasta octubre de este año no se ha sentenciado a ninguna persona por feminicidio en la entidad. Es decir, nadie ha sido juzgado por haber cometido un asesinato por cuestiones de género. 

Sobre este tema, Lorella Castorena refiere que la situación en BCS es interesante. A pesar de que la media península tiene la condena máxima (35 años), nunca se ha juzgado a alguien por feminicidio. 

“No se juzga a nadie por feminicidio aunque tenemos datos de que hay un montón de feminicidios. Entonces ¿De qué sirve que tengas definido el tipo penal si no vas a juzgar con perspectiva de género? porque no se está juzgando con perspectiva de género”, argumentó Lorella Castorena. 

“Con las reformas de 2011, con la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia ni necesitas la tipificación del feminicidio, es falta de voluntad para hacer las cosas”, señaló. 

Otro dato que suma para contextualizar cómo nos encontramos en la materia en la entidad fue otorgado a finales del 2017 por Instituto Nacional de Mujeres. La instancia indicó que BCS fue una de las 7 entidades que no reportó feminicidios y que incluso sus autoridades estatales omitieron proporcionar información a censos involucrados con la procuración de justicia. 

Aunque los medios de comunicación y activistas documentaron y constataron casos, las autoridades de BCS omitieron informar al Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal que elaboró el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) entre el 2013 y el 2015. 

• ¿La libertad sexual de las mujeres? Abusos sexuales y persecución del aborto en BCS 

Cuando se habla de violencia contra la mujer los focos de los medios suelen enfocarse en temas relacionados con el feminicidio, sin embargo, la libertad y seguridad sexual de las mujeres se ve violentada en BCS constantemente. 

No sólo se trata de hablar del acoso callejero y las vejaciones normalizadas en la sociedad sudcaliforniana (que no son cosa menor), sino de cuestiones como el hecho de que los delitos contra la libertad y seguridad sexual van en incremento en BCS. 

La falta de transparencia es un bloque que complica investigaciones en el tema. Hasta octubre del 2018, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, se han denunciado 417 delitos contra la libertad y seguridad sexual en la entidad. 

Aunque las cifras no separan ni detalla si son niños, niñas, mujeres u hombres las víctimas de este tipo de delitos, sin embargo, especialistas y datos de la Procuraduría permiten referir que casi en su totalidad se trata de abusos contra féminas, niños y niñas. 

Los delitos contra la libertad y la seguridad sexual engloban el abuso, acoso y hostigamiento sexual violación simple, violación equipara e incesto. 

Entre enero y octubre del 2015 se registraron 257 denuncias por este delito en BCS. En el mismo periodo del 2016, se reportaron 399; mientras que en el 2017 se dieron 410 casos. Es decir que en 3 años la incidencia se ha incrementado en un 40%. 

Asimismo, una investigación del medio Silla Rota indica que BCS es uno de los estados con más casos de abuso sexual en la República mexicana. 

En el caso del aborto, los artículos 161, 162, 163, 164 y 165 del Código Penal de BCS tipifican como delito la interrupción del embarazo en cualquier etapa y establece las condenas y la indulgencia según la circunstancia del hecho. 

Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la entidad se persiguen a 13 mujeres por haberse realizado un aborto. 

Si bien es cierto que el aborto es un delito establecido en el Código Penal, no existe la voluntad política ni legislativa para cambiar esa realidad para las mujeres en la entidad. 

En estudios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se indica que, el no trabajar ni respaldar los derechos para decidir sobre su reproducción también se clasifica como un tipo de violencia contra la mujer. 

También cabe mencionar que la violencia obstétrica ni siquiera está tipificada como un delito, ni se encuentra dentro de la agenda de la actual legislatura. 

• El enemigo en el hogar: la violencia intrafamiliar en BCS 

El origen de la violencia contra la mujer se vive desde el hogar. La gestación de ideas y responsabilidades sobre el tema, así como los indicios de primeras agresiones suelen nacer en casa. 

Este año, el Semáforo Delictivo comenzó a llevar un conteo mensual sobre los casos de violencia intrafamiliar. Especialistas en el país exponen que las mujeres son las principales víctimas de este tipo de delito. 

¿Cómo nos encontramos en BCS? La tendencia, según las estadísticas del Semáforo Delictivo, apunta a un incremento constante en las denuncias por violencia intrafamiliar. 

Enero del 2018 abrió con 148 denuncias por este ilícito, cifra que bastó para que el Semáforo Delictivo marcara un foco rojo para la entidad. Para octubre de este año, la Procuraduría ya recibí 240 querellas por este delito. 

En 10 meses, BCS reportó mil 768 casos de violencia intrafamiliar. Los Cabos guarda la mitad de las denuncias, con 856 víctimas; La Paz reportó 715; Mulegé, 89; Comondú, 83; y Loreto, 43. Todos los municipios marcan focos rojos en esta incidencia. 

Gracias al Semáforo Delictivo podemos corroborar en qué municipios se interponen las denuncias, sin embargo, no existe un mapeo que nos permita conocer con exactitud en qué colonias y en que comunidades ocurren las agresiones. 

Tampoco conocemos el seguimiento de la situación legal y jurídica de los agresores que incurren en el delito de violencia intrafamiliar. 

La falta de transparencia por el deleble trabajo institucional tampoco nos permite conocer la cifra negra: esas mujeres que sufren violencia en sus hogares y que no se atreven a denunciar el hecho. 

• La labor institucional: ¿La erradicación de la violencia de género sumergida en un simulador? 

Los feminicidios, la violencia sexual e intrafamiliar no sólo van en incremento en BCS, sino ni siquiera son reconocidos como problemáticas graves por las autoridades estatales. 

El procurador de justicia asegura que en BCS no hay una alerta por feminicidio, sin embargo, las diputadas Milena Quiroga (Morena) y Mercedes Maciel (PT) difiere con el funcionario. 

El estudio “Poner fin a la violencia contra la mujer”, realizado por el Secretario General de las Naciones Unidas recalca que el Estado tiene el deber de prevenir actos de violencia contra la mujer; investigarlos cuando ocurran y enjuiciar y castigar a los perpetradores; así́ como de ofrecer reparación y socorro a las víctimas. 

“Si bien las distintas circunstancias y limitaciones obligan al Estado a adoptar diferentes tipos de medidas, esto no justifica la inacción del Estado. Sin embargo, muchos Estados en todo el mundo no aplican a cabalidad las normas internacionales relativas a la violencia contra la mujer”, expone el estudio. 

“Cuando el Estado no exige responsabilidades a los perpetradores de la violencia, no solo alienta la comisión de nuevos actos de esa índole, sino que da a entender que la violencia que ejerce el hombre contra la mujer es aceptable o normal. El resultado de esa impunidad refuerza las desigualdades predominantes que afectan a otras mujeres y niñas también”, señala. 

El estudio también refiere que, si las cifras no tienden a disminuir quiere decir que las políticas públicas que se están aplicando no son las adecuadas. México ha firmado tratados internacionales en el tema, incluso las entidades están obligabas a asumir estrategias internacionales en la materia para lograr una erradicación de la violencia contra la mujer.