La Paz, Baja California Sur.- Tras la presión que se aplicó a la pasada legislatura para lograr tipificar el feminicidio dentro del código penal de Baja California Sur (BCS), los nuevos diputados en su mayoría de izquierda, prevén aprobar la iniciativa que ya está sobre la mesa pero ¿tipificar es todo lo que se busca?. Se requiere que los funcionarios apliquen los protocolos para evitar que la violencia y el odio a las mujeres las lleve de la mano al feminicidio.

Mercedes Maciel Ortíz diputada del Partido del Trabajo (PT) indicó al Diario El Independiente que tras la propuesta de la diputad Daniela Rubio del Partido Humanista (PH) para la tipificación de este concepto de investigación judicial, la Comisión de Igualdad de Género ha tenido acercamiento con algunas mujeres constando que se ha recrudecido el ambiente violento contra las mismas, recalcando que se necesita capacitación para quienes imparten justicia, pues no tienen la preparación ni la sensibilidad para investigar ni el número de mujeres ni el tipo de violencia que reciben.

La abogada Charlene Ramos especialista en temas de violencia de género, señaló a este matutino que hasta este momento en la entidad, las autoridades competentes no han emitido como obligatorio el exigir a los investigadores aplicar los protocolos para atender a víctimas de violencia, asegurando que el propio congreso es quien debe aplicarlo como norma para lograr una capacitación que les enseñe a los funcionarios judiciales un nuevo instrumento de vigilancia y observación.

"Los capacitadores no están capacitados y se suma a que hay resistencia para investigar con perspectiva de género, seguido de la corrupción de compadrazgo entre hombres con dinero o poder para evadir la investigación agravante. La corrupción hace que se evadan las consecuencias por el tráfico de influencias, casos de violencia que no son investigados y perseguidos por este sistema de corrupción que prevalece en el estado", comentó. 

Si bien es cierto el estado se rige bajo la batuta del azul conservador, mismo que fue mayoría la XIV Legislatura del estado, se sobre entiende que tipificar, establecer protocolos y darles cumplimiento, es reconocer que tenemos un problema de misoginia y machismo instaurado en cada una de las instituciones públicas y el cual no se quiere reconocer. "La sociedad no puede ser libre si la mujer es violentada".

El procurador de justicia en la entidad, Daniel De la Rosa Anaya reconoció que en el tema de homicidio de mujeres se sigue sólo con el agravante establecido en el código penal local, recalcando que es el congreso quien debe ofrecerle herramientas jurídicas para mejorar el servicio. 

Mientras tanto cabe señalar que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no aplica los protocolos ya existentes para la atención de mujeres víctimas de violencia, donde tampoco se trabaja con perspectiva de género a pesar de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) así como instancias judiciales de la nación, han ofrecido capacitaciones al personal para sensibilizar las atenciones, pero existe resistencia.

Esta redacción ha sido testigo de esta falta de sensibilidad por parte de quienes se supone imparten justicia a favor de las víctimas, desde una joven violada sin que se tome declaración porque la instancia correspondiente no tiene quien le tome la declaración, hasta una falta de asistencia por primeros respondientes para prestar atención frente a un acto de violencia explícita en vía pública, así como decenas de casos donde la mujer asesinada ya había denunciado pero el Ministerio Público jamás le dio el debido seguimiento a su caso. Verídico y en pleno siglo de reformación a los Derechos Humanos.

No todo esta errado pues al parecer el sector salud si ha cumplido en la aplicación de los protocolos para la atención de víctimas de violencia sobre todo sexual, donde Daniel  Aníbal Rodríguez Timas secretario general del Colegio de Psicólogos, señaló que los profesionales de la salud mental cumplen con la norma 046 del 2010 en violencia, así como el programa PAYME en violencia y tratados internacionales.

"Cuando tratamos una situación de violencia sexual en hospitales, se ofrece la atención médica inmediata que marca la Ley y en caso de existir necesidad por una crisis es cuando intervenimos; se evita sobre todo la revictimización y la atención se da incluso 72 horas después del ataque o aunque haya pasado tiempo, si llegan a la procuraduría se hace la investigación pericial para las carpetas y se envían los servicios especializados de atención psicológica que algunos de los agremiados realizan", dijo a este medio. 

De forma personal el especialista en salud mental explicó al Independiente que tras algunos acompañamientos de víctimas por parte del Colegio, señaló que las atenciones no han sido adecuadas en el Ministerio Público, donde además de la falta de sensibilización se pone en duda la palabra de la víctima, es decir se revictimiza, donde incluso hay renuencia de mujeres en funciones que han resaltado con frases como "a ver que pase la violada", dejando que desear para el servicio prioritario.

En este sentido se sabe y se percibe que muchas instituciones gubernamentales no permiten la entrada de externos para capacitar a su personal en temas de perspectiva y violencia de género lo que agrava la atención a las víctimas. Mientras tanto el congreso del estado aún debe trabajar sobre la conformación de un Consejo para la Prevención del Delito de acuerdo a la Ley de Prevención y Tratamiento Integral de la Violencia Familiar; la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ley de Atención a Víctimas para hacer cumplir su artículo 3, inciso VI sobre "cualquier acción u omisión, basada en su género, tanto en el ámbito privado como en el público, que impida ejercer cualquiera de sus derechos".

De igual manera el nuevo congreso deberá también poner su atención y legislar un marco completo de acciones jurídicas para crear el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación que está implícita en la Ley Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado, la cual fue decretada en 2006 y ninguna legislatura hasta ahora ha podido cumplimentar las funciones integras de estos estatutos para la protección de mujeres. Esperamos este periodo legislativo haga su trabajo, esperando también que en su cuarto año, el gobierno estatal pueda ofrecer funcionarios ejemplares y no denigrantes.