CHIHUAHUA.- Juan Knelssen, activista social de El Barzón, fue privado de la libertad cuando se encontraba en su propiedad en el campo 106, en el municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua.

Gabino Gómez, también integrante del El Barzón, dio a conocer que un grupo de hombres armados llegaron a la casa de Knelssen para secuestrarlo.

Al momento, la Fiscalía del Estado no ha revelado datos sobre el caso.

El Barzón indicó que Juan Knelssen "fue el primer preso político en Chihuahua por defender su patrimonio en contra del despojo los bancos en la década de los 90.

Después denunció, junto con Greenpeace, la siembra ilegal de maíz transgénico y ayudó a que otros menonitas permitieran tomar muestras de sus siembras", refiere un comunicado de la asociación.

Expertos en derechos humanos de la ONU condenaron hoy el asesinato de Julián Carrillo, defensor de los derechos de los indígenas de Chihuahua, ocurrido el pasado mes, y exigieron a las autoridades mexicanas que castiguen a los autores de este crimen.

Trabajó incansablemente durante más de dos décadas para defender a su comunidad contra la explotación de las tierras ancestrales de los rarámuri", recordaron los relatores de Naciones Unidas en una declaración conjunta.

Se sabe que el activista dijo por teléfono a un amigo el 23 de octubre que creía que le vigilaban y que se internaría en el bosque para intentar esconderse. Dos días después se encontró su cadáver con múltiples heridas de bala.

El asesinato de Julián Carrillo pone de manifiesto la grave situación en la Sierra Tarahumara, donde la falta de reconocimiento de los derechos de los indígenas a la tierra es una de las causas de la violencia recurrente contra las comunidades indígenas y de sus desplazamientos", explicaron.

Según cifras de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, 21 defensores de los derechos humanos han sido asesinados en lo que va de año en México y nueve de ellos pertenecían a comunidades indígenas.

Cuatro miembros de la familia de Julián Carrillo -su hijo, su yerno y dos sobrinos- han sido asesinados desde febrero de 2016.

Hacemos un llamamiento urgente al Gobierno de México para que ponga fin a estos atroces actos de violencia contra los defensores de los derechos humanos", dijeron los expertos.