La Paz, Baja California Sur.-Junto a otros 11 gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Mendoza Davis de Baja California Sur (BCS) se apuntó para criticar las nuevas políticas anunciadas por el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador.

Mediante un comunicado desplegado en un diario de circulación nacional, dijeron que colaborarán con su gobierno, pero que no será sinónimo del “sometimiento".

En el mismo se menciona que las prioridades regionales se definen de forma conjunta y “no se imponen desde el centro”.

Sobre la colaboración en la estrategia de seguridad pública, se dijeron en contra de “componentes y fines político-electorales”.

Por ello se dijeron en contra de los “coordinadores estatales” del gobierno federal, al considerar amenazada su autoridad.

“Nos sorprende la intención de […] colocar a los Gobernadores y Fiscales de los Estados como meros invitados. Ese desdén es inaceptable para nosotros”, señalaron.

“Resulta inconcebible una solución de fondo al problema de la inseguridad y la delincuencia en el país sin la concurrencia efectiva de los gobiernos estatales”, sentenciaron.

Entre diversas propuestas como “atender las causas del delito y la violencia” y “fortalecer las capacidades civiles” de policía de investigación, procuración de justicia e inserción social.

“Establecer políticas de largo plazo e invertir recursos en el reclutamiento, profesionalización y dignificación salarial y gremial para las policías federal y locales bajo un diseño institucional”, señalan.

“Que precise los tramos de responsabilidad y los mecanismos de colaboración auxilio y sustitución subsidiaria”, exponen.

Pidieron fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), fijando procesos y consecuencias para que cada componente “de la Unión” cumpla su parte.

Reconocieron la labor de las Fuerzas Armadas de México por la seguridad de los ciudadanos, pero dijeron que su presencia responde a la omisión política de construir “capacidades civiles”.

“La función de las fuerzas armadas no es la de primeros respondientes sino el último recurso del Estado para preservarse. Los primeros respondientes somos quienes fuimos votados por los ciudadanos para velar por su tranquilidad”, aseguran.

Por ello se mostraron en contra de pedir de manera “indeterminada” su intervención, sin una ruta de mejora de policías civiles federales “y especialmente estatales y municipales”.

Se dijeron a favor del diálogo incluyente y participativo con el presidente electo, pero también de la “división de poderes” con respeto a derechos y libertades.