La Paz, Baja California Sur.- El dedo en la llaga, el limón en la herida. Los diputados del Congreso del Estado respondieron ante la presión y las críticas por su desempeño en la comparecencia del titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado (SGGE), Álvaro de la Peña Angulo. 

Ahora le tocaba al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Daniel de la Rosa Anaya. El funcionario del gabinete que, probablemente, tenía más cartas favorables en su mano que cualquier otro secretario en el gobierno de Carlos Mendoza Davis. 

No es porque todo esté perfecto en materia de procuración de justicia, sino porque Daniel de la Rosa es un funcionario de alto nivel estatal que acaba de llegar a la entidad y, en su corta gestión, tenía números favorables que presentar. 

Sin embargo, los legisladores en esta ocasión reaccionaron a la presión mediática por su pobre desempeño frente a Álvaro de la Peña, aunque las carencias del conocimiento sobre la jurisdicción del servicio público siguen estando presentes en el recinto legislativo. 

El procurador fue rápido y conciso. Los resultados en materia de seguridad y combate a la violencia, desde la trinchera de la procuración de justicia, fue el movimiento fuerte que Daniel de la Rosa presentó a los legisladores. 

Daniel de la Rosa apenas se subía al estrado cuando ya hablaba de capturas y detenciones importantes que ayudaron a reducir el índice de homicidios en los 11 meses que lleva al frente de la Procuraduría. 

“Baja California Sur ya es un estado de confianza”, presumía el procurador a los diputados. 

El funcionario desenvainó con el hecho de que en el 2017 se reportaron 586 asesinatos con armas de fuego en BCS, mientras que hasta octubre del 2018 se contabilizaban 176. 

Incrementos en operativos de cateos, decomisos de armas de fuego y aseguramientos de sustancias ilícitas son las acciones que han ayudado a que el índice de homicidios disminuya, informaba el titular de la PGJE. 

Las detenciones del autor intelectual y material de los homicidios del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Silvestre de la toba, y del periodista, Max Rodríguez, fueron temas puestos en la mesa como logros de la PGJE. 

Otro detenido del caso Valtierra, un policía que estaba prófugo. La aprehensión del líder criminal “El colores”, el esclarecimiento de los asesinatos de 3 jóvenes mujeres en Los Cabos, también fueron expuestos a los legisladores por el procurador. 

Las capacitaciones, restructuración y depuración de la Procuraduría en todas sus áreas fueron acciones que, según el funcionario, ayudaron a tener una institución mucho más orgánica y preparada. 

Para Daniel de la Rosa hay mejorías notables en las investigaciones ministeriales para evitar que se dé la puerta giratoria que permita que los criminales estén libres. La Fiscalía de Mandamientos Judiciales y Medidas Cautelares ha sido la herramienta institucional para lograrlo, según el procurador. 

El funcionario mostraba ampliaciones que permiten certificar en esquemas internacionales, contratación de más de 100 nuevos elementos para diferentes áreas e incrementos en capacitaciones. 

Incluso habló sobre una estrategia para cubrir la cifra negra de denuncias, aquellos delitos que se cometen y los ciudadanos no se atreven a reportar a las autoridades. 

El procurador enfatizó en que, a pesar de que las detenciones en flagrancia no son una responsabilidad directa de la PGJE, se han detenido 357 personas en lo que va del 2018, un 400% más que en el año pasado. 

¿Realmente hay avances en la Procuración de Justicia? Puede que sí, pero la responsabilidad de la prensa y la oposición política no es aplaudir lo que ya se tiene sino presionar por lo que falta. 

Como un menú facilitador, el procurador pudo enfrentarse a cuestionamientos sobre el nulo trabajo de investigación que denuncian los familiares de personas desaparecidas en la entidad. 

¿Habrá sanciones para la irresponsabilidad institucional de los funcionarios que reaccionaron insensiblemente ante las denuncias de estas personas en la entidad? No hay compromiso para sancionar y hacer pública la irresponsabilidad institucional en el tema. 

El objetivo de una comparecencia es poner contra las cuerdas a un funcionario de alto nivel, esos secretarios de Carlos Mendoza que apenas te conceden una entrevista banquetera. El legislador tiene esa oportunidad que los ciudadanos y la prensa no siempre tenemos a la mano: emparejarse y exigir. 

El problema es que los diputados apenas están comprendiendo la dinámica. Tienen que llegar informados, no deben perder tiempo en pedir cifras que pueden obtenerse por transparencia, por medios de comunicación, por plataformas oficiales. Por si no lo saben los diputados, para eso se les paga asesores. 

El diputado de Morena, Carlos Van Wormer hizo un reclamo al procurador sobre las condiciones del Ministerio Público en la comunidad de Los Barriles. Los habitantes de esta población tienen que conformarse con un “cuarto indigno” para ejercer su derecho ciudadano, asegura el legislador. 

Las comunidades rurales están en abandono para acceder a su derecho a denunciar y no hay un interés genuino de la Procuraduría para llegar a esta población, reclamó en palabras más, palabras menos, Carlos Van Wormer. 

El diputado del Partido de Renovación Sudcaliforniana (PRS), José Luis Pérpuli Drew, se unió a estos señalamientos del legislador de Morena. 

Hubo diputadas que utilizaron su participación para cuestionar al procurador sobre qué hace para disminuir el feminicidio, cuando la prevención no es el eje central del trabajo de la Procuraduría. 

La pregunta y el cuestionamiento deberían enfocarse en por qué no se juzga, ni se presiona para que se juzgue, ni se investiga con perspectiva de género en BCS. 

La investigadora, María Salguero, documentó 39 casos de feminicidio en 2 años en BCS. Es decir, la activista pudo constatar que hubo 39 asesinatos con señas de violencia feminicida, sin embargo, nadie ha sido juzgado por este delito. 

Tras señalamientos por el incremento del robo de ganado, se recordó al procurador que las víctimas ya no quieren denunciar el delito, se sienten impotentes porque son ignorados por las autoridades. 

Soledad Saldaña, del Partido Encuentro Social (PES), reclamó que no ni el procurador ni el gobernador le dan la importancia necesaria al tema de desapariciones forzadas, como si no existiera el problema para el gabinete estatal. 

Los diputados avanzaron en la dinámica haciendo y repitiendo solitudes de cifras sobre violaciones, sobre feminicidios; reclamos por la falta de confianza ciudadana en la institución. 

Hubiera sido un ejercicio interesante el que se hubiera presionado por la falta de transparencia real de la corporación. No se trata de saber cuántas violaciones hay en BCS, eso te lo puedo informar el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

Se trata de que la PGJE exhiba constantemente estas cifras en portales de acceso para cualquier ciudadano. No es fácil acceder a datos que nos indiquen con claridad sobre las violaciones ¿Cuántos niños y cuántos adultos ha sufrido abuso sexual? ¿En qué ciudades de la entidad se encuentran? ¿Cuál es el estatuto legal y jurídico del agresor? 

Una comparecencia no se trata sólo de recolectar el sentir y la molestia colectiva, sino mostrar casos específicos que aún duelen en las ciudades, esos que la Procuraduría no resuelve todavía… ¿o acaso ya se esclarecieron los homicidios de Jonathan Hernández y el expolicía, Burgoin? 

¿En el tema de procuración de justicia de robos cómo andamos? ¿De verdad ninguno de los 21 diputados pudo darse el tiempo para mostrar un solo caso específico de impunidad? Es sencillo contactar a esa víctima que lo perdió todo en un robo a casa habitación y que nunca recuperó sus bienes. Esa clase de impotencia nunca se oculta, menos en ciudades tan chicas como las nuestras. 

Es cierto, hay un cambio de actitud por parte de los diputados de la Cuarta Transformación y los residuos de partidos que alcanzaron a colarse al Congreso del Estado, sin embargo, cuando no hay resultados favorables, la buena voluntad se reconoce pero no se aplaude.