San José del Cabo, Baja California Sur.- “La corrupción y la impunidad son una y la misma cosa cuando la autoridad omite actuar en contra de los que desde una responsabilidad pública, han abusado del poder, peor que cualquier delincuente que por menos delitos y agravios están tras las rejas, pero que en lo político como que existe una regla no escrita del borrón y cuentas nuevas”, declaró, Blanca Pedrín Álvarez, empresaria y activista social en Los Cabos. 

Enfatizó en el hecho de que no basta con declarar que hubo desvíos de recursos, obras inconclusas, pagos exagerados a proveedores, contratos que no pagaron a proveedores pero cuyo dinero ya no existe, hasta pago de rentas de oficinas inexistentes y nóminas abultadas, sino de denuncia ante las autoridades competentes. 

La también delegada de la Coordinación Internacional de los Grupos de Madrugadores, Red de Principios y Valores, aseveró en el hecho de que no es posible que gobierno tras gobierno, como en el caso de Los Cabos, las administraciones se conviertan en fabricantes de ricos, pues es claro el enriquecimiento de quienes debieron actuar con honestidad y legalidad e hicieron todo lo contrario y por lo que el pueblo está harto de que nada se haga en contra de ellos, cuando las cárceles y barandillas están llenos de gente humilde que algunas veces han robado por necesidad. 

“Un bote de leche o un desodorante, mientras los delincuentes de cuello blanco se dan la gran vida disfrutando lo que se llevaron abusivamente y algunos, hasta quieren ser empleados del gobierno que los derrotó y lo peor, hasta ya se anuncian como futuros candidatos del partido en el poder, demostrando solo oportunismo y una burla más al pueblo”, expuso. 

Pedrín Álvarez agregó que existen leyes e instituciones que deben investigar de oficio y por las propias expresiones que han dado los actuales gobernantes sobre desvíos y latrocinios cometidos por quienes se acaban de ir del gobierno municipal y que ejemplificó con el caso del contrato por más de cien millones en maquinaria pesada que se presupuestó y no se pagó por desvíos; así como de la interminable obra del teatro de la ciudad, que se informó haberse concluido y aún está a medio tramo la obra negra mientras que existen facturas que cobraron por trabajos que nunca se hicieron y que son decenas de millones de pesos. 

“Ante esto, la contraloría municipal y estatal y las auditorías y órganos fiscalizadores de la federación y el estado, deben de investigar y castigar con todo el peso de la ley a los responsables. No es afirmando que no se puede hacer nada contra estos presuntos delincuentes, como se va a recuperar la confianza de la gente en sus autoridades”, concluyó.