La Paz, Baja California Sur.- Fue en marzo de este año la última vez que Elizabeth Labastida vio a su hijo. Raymundo Alejandro Ángeles Labastida salió de su hogar en Ciudad Insurgentes y nunca más regresó. 

Tras la desaparición de su hijo, Elizabeth Labastida comenzó la búsqueda. Hasta ahora lo único que ha encontrado ha sido desprecio y la indiferencia institucional, un bloque pesado de revictimización para personas como Elizabeth. 

La Policía Ministerial dormida ante la desaparición forzada de su hijo, la carpeta de investigación en blanco. Las investigaciones que ella misma emprendió revelan que Raymundo fue levantado por sujetos armados en Ciudad Constitución. 

Elizabeth, cansada y enmarcada por le revictmización institucional, alzó la voz y denunció que hombres y 2 mujeres también habían sufrido el mismo destino que su hijo, sin embargo, sus familiares tenían miedo a presionar o preguntar. 

El caso de Elizabeth no es único ni un hecho aislado. Apenas en agosto de este año, más de 60 personas marcharon y protestaron en La Paz por la indiferencia de los agentes de investigación. No hay acercamiento, ni hay interés en aclarar el paradero de las víctimas de desaparición forzada. 

Para contextualización una de las historias más conocidas por los ciudadanos de BCS: el caso de Lisset Soto, menor que desapareció en octubre del 2010 sin que hasta la fecha se haya aclarado su paradero. 

“Hasta el momento no hay resultados positivos en la investigación por parte de las autoridades competentes. Las instituciones nos han fallado, no han velado por nosotros”, fueron las últimas palabras que Melchor Soto, padre de Lisset, expresó a los medios de comunicación. 

Los Barriles, La Paz, Vizcaíno, Ciudad Constitución, San José del Cabo, Cabo San Lucas… prácticamente todos los municipios de Baja California sur (BCS) reportan un caso de desaparición forzada con el agravante de la indiferencia de los elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

Como un efecto por las denuncias masivas de los familiares, el procurador de justicia, Daniel de la Rosa Anaya, informó recientemente sobre la instalación de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas. 

El titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado (SGGE), Álvaro de la Peña Angulo, dio a conocer que todas las entidades federativas entraron en este acuerdo nacional la Secretaría de Gobernación, ahora todas las corporaciones de seguridad y procuración de justicia del Estado tendrán otra razón de peso para investigar las desapariciones forzadas, aseguró el secretario. 

“Es darle seguimiento a todas y cada una de las desapariciones que se denuncien por parte de la ciudadanía y dar un cumplimiento puntual del seguimiento a la familia, a los denunciantes, de manera directa e inmediata”, declaró Álvaro de la Peña. 

A pesar de las declaraciones de los funcionarios, instalaciones de consejos y promesas de que “ahora sí”, la realidad es que los familiares de víctimas de desaparición forzada no confían ni ven acciones que realmente motiven y fomenten la localización de sus seres queridos. 

La representante del colectivo “BCS Sin Ellas No”, Petra Pulido, reviró a las autoridades. La líder señala que la asociación enfocada en localizar a víctimas de desaparición no fue notificada sobre la instalación de la Comisión, sólo lo escucharon en los medios. 

“Cuando iniciamos esta lucha, las comisiones de búsqueda iban a estar integradas por familia y no es así”, dijo Petra Pulido. 

La presidenta de la asociación comenta que la Procuraduría consiguió un scanner para acelerar y beneficiar las búsquedas, sin embargo, los activistas no han podido acceder al “equipo sofisticado” que costó más de un millón de pesos. 

“La Procuraduría dijo que no se va a utilizar el scanner hasta que haya certeza de que los cuerpos están en cierto lugar. Se le olvida al procurador de que se trata de búsquedas. A veces encontramos, a veces no”, acusó Petra Pulido. 

La presidenta reconoce que ahora cuentan con un poco más de apoyo de la Policía Ministerial. Desde hace 2 meses, elementos de la corporación los acompañan en los recorridos por montes, terrenos baldíos y zonas donde hubo indicios o certeza de fosas clandestinas en el Estado. 

Sin embargo, el trabajo de búsqueda es desarrollado por los familiares de las víctimas de desaparición forzada. Según el testimonio de la activista, los oficiales sólo otorgan vigilancia. 

En breve, el hijo de Petra Pulido cumplirá 2 años de haber desaparecido. Este hecho orilló a la también comunicadora a emprender una investigación, que no le ha regresado a su familiar pero la acercó con decenas de madres que viven la misma historia en BCS. 

“Cuando desaparece mi hijo me di a la tarea de publicar sus fotos para buscarlo. Me di cuenta que había una madre, luego otra, luego otra. Hay muchas madres que no pusieron denuncia, no le vieron objeto. Las carpetas continúan en blanco, no las mueven”, compartió Petra Pulido. 

Hasta noviembre del 2016, los elementos sólo tenían jurisdicción para investigar. Ahora con la nueva Ley General de Desaparición Forzada hay más posibilidades para los oficiales, sin embargo, esta reforma no está armonizada con el Código Penal de BCS. 

La líder de BCS Sin Ellos No entregó la ley a la actual legislatura, para que fuera revisada y armonizada. Los diputados ni siquiera la han abierto, asegura. 

En cuanto a Ley General de Atención a Víctimas y Ley Desapariciones Forzada el colectivo no ve voluntad política para que se aplique en BCS. 

“Cuando vamos y encontramos no podemos levantar los restos que encontramos: piernas, brazos, cabello, cráneos. Da tristeza, pero piensan que no estamos buscando a una sola persona. Si no encuentro a mi hijo, encontramos a los hijos de otras madres”, recalca Petra Pulido. 

“Los restos siguen a veces ni los levantan. Cuando queremos hacerlos, nos los impiden”, señala. 

¿En qué punto se encuentra la lucha de estas personas? Bueno, por ahora han logrado visibilizar la situación a niveles nacionales e internacionales, en medio de declaraciones del gobernador, Carlos Mendoza Davis, que refieren que en BCS no hay una problemática grave. 

“A las autoridades parece que no les cae el 20. Ellos insisten en que no hay desaparecidos y que no es significativo”, acusa Petra Pulido. 

Información propagada indicaba sobre 5 mil 600 desaparecidos en BCS, sin embargo, no todos corresponden a desapariciones forzadas. La gran mayoría de estos casos se trata de desapariciones momentáneas, de esas personas que son reportadas como desaparecidas y que aparecen a las horas. 

BCS Sin Ellos No contabiliza al menos 60 carpetas de investigación de denuncias de familiares, las cuales fueron entregadas a las autoridades. En contraste, la Procuraduría habla de no menos de 25 denuncias oficiales por desaparición.