San José del Cabo, Baja California Sur.- Quayaip A.C., Corazón de las Californias A.C., Yenekamú A.C., ASUPMTOMA A.C., SOMOS A.C., Yo Reciclo A.C., FRECIUDAV A.C. y Wikipolítica BCS, informaron que varios ciudadanos con un alto valor cívico, interpusieron demandas en contra del resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), otorgado por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a Desarrollos Zapal, de manera ilegal y violando leyes y reglamentos que regulan la materia a nivel nacional e internacional, el 12 de junio de 2014. 

Al respecto de las demandas, a través de un posicionamiento al que dio lectura Víctor Hernández de SOMOS A.C., exponen que la más reciente corresponde a un amparo contra la autorización condicionada del proyecto minero Los Cardones que la DGIRA expidió en 2014, recurso que fue admitido por el Juzgado Primero de Distrito, con el número de expediente 1256/2018) y que el juez que revisa el caso, otorgó la suspensión definitiva para el efecto de que no se ejecute el oficio número SGPA/DGIRA/DG-05124 del 12 de junio del 2014, expedido por Semarnat. 

“Lo que significa que la empresa de Ricardo Salinas Pliego, no está autorizada a hacer ninguna clase de obra, ni modificación en el sitio en el que pretende instalar la mina de oro a cielo abierto y la autoridad está obligada a vigilar la estricta observancia de ello. Antes de tocar una sola planta, una sola piedra, la empresa necesita obtener todos los permisos y condicionantes que le fueron impuestos con el resolutivo de la MIA”, detallan. 

Estos son: Autorización para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales; autorización por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), para la exploración, explotación o aprovechamiento de los recursos naturales en Áreas Naturales Protegidas; autorizaciones de Conagua consistentes en el permiso para la realización de obras de infraestructura hidráulica, la concesión para la ocupación de terrenos federales y la concesión de aprovechamiento de aguas superficiales; permisos, autorizaciones y concesiones que se requieran por los tres órdenes de gobierno para las actividades del proyecto; deberán solicitar al Ayuntamiento de La Paz, autorización para disponer las aguas residuales en la planta de tratamiento de la ciudad; autorización de la dirección general de Vida Silvestre para el manejo de especies de flora y fauna silvestre. 

Es por lo anterior, que subrayaron que el inicio de obras y actividades está sujeto a que las autoridades municipales y estatales lo permitan, aun cuando han manifestado en reiteradas ocasiones el compromiso que tienen con la protección del ambiente, el cuidado y la conservación del patrimonio natural del Estado y el desarrollo sustentable de la región. 

“La empresa no cuenta con ninguno de los condicionantes mencionados y, por si fuera poco, aunque los consiguiera, no podría hacer nada en la zona, hasta que este juez no resuelva el amparo mencionado. Los ciudadanos organizados nos mantenemos alertas ante cualquier movimiento de la empresa, tanto físico como administrativo, con especial atención a las prácticas de negociación secreta mejor conocidas como corrupción; hacemos un llamado a todos los ciudadanos responsables tanto dentro de la administración pública como fuera de ella, para que, en congruencia con el espíritu del Pacto de Todos Santos firmado el 12 de septiembre del 2014, denuncien cualquier movimiento que Desarrollos Zapal realice a favor de instalar la mina de oro a cielo abierto en Sierra La Laguna. Saludamos a todas y todos quienes quieran sumarse a la construcción de una vida digna, incluyente, que reconozca y garantice el patrimonio natural y cultural sudcaliforniano, con un medio ambiente sano y el agua que nos da vida”, exhortaron. 

Víctor Hernández, acompañado de Héctor Narro, de la sociedad civil organizada y Juana Delgado Quintana, de Wikipolítica Baja California Sur, expuso que la estrategia de los ciudadanos organizados es y será el hacer que se cumplan las leyes que protegen el medio ambiente, pese a la clara intención de las autoridades de permitir que personajes como Ricardo Salinas Pliego pasen por encima de los derechos de los ciudadanos, como ocurrió con los regidores corruptos del XIV Ayuntamiento en septiembre de 2015. 

“En todo momento vigilaremos que las leyes se cumplan, por ello estamos impugnando el acto mismo de la autorización condicionada, que es la raíz que mantiene en vilo a la sociedad sudcaliforniana por el riesgo ambiental que implica la minería de oro a cielo abierto, sin dejar de mencionar el grave peligro que pesa sobre el agua de existir semejante contrasentido en una reserva de la biósfera, en un estado con alarmantes carencias hídricas, justo en el lugar de mayor captación del vital recurso, del que dependemos las comunidades del sur del estado para la subsistencia”, advirtieron. 

Por otra parte, hicieron un llamado a la autoridad a que hagan cumplir la ley al impedir que la empresa realice alguna obra o modificación de la zona, bajo ningún pretexto, pues cualquier movimiento de la empresa que quiere desarrollar el proyecto minero Los Cardones, debe también sancionarse por violar las leyes y reglamentos en la materia y pagar el daño que hayan hecho, además de desacatar el mandato judicial de suspensión definitiva. 

“Le recordamos a la autoridad que la omisión de su parte en este punto, le convierte en automático, en corresponsable de los actos cometidos por la empresa que pudieran violentar los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el derecho humano a un medio ambiente sano y el derecho humano al agua”, refirieron. 

Dejaron claro su rechazo a cualquier tipo de consulta que parta del supuesto de que los derechos humanos, como el derecho a un medio ambiente sano y el derecho al agua, pues los derechos humanos fundamentales, son irrenunciables, inalienables y no consultables, por lo que pretender someterlos a consulta, va contra la Constitución Mexicana y las leyes internacionales firmadas por el Estado Mexicano. 

“Le advertimos a la nueva administración federal y municipal, que los habitantes de Baja California Sur no aceptamos un retroceso respecto del derecho humano al agua y al medio ambiente sano. Sabemos de la cercanía de Ricardo Salinas Pliego con López Obrador; no nos amedrenta ni nos va a detener. Nos asiste la razón y la ley. A los ciudadanos y ciudadanas, a los habitantes de Baja California Sur, nos toca defender nuestro territorio y nuestros derechos, contra quien sea, sin importar su riqueza, ni su posición política”, puntualizaron. 

Para concluir y por anticipado, señalaron a la autoridad y a Ricardo Salinas Pliego y sus esbirros como responsables en caso de que la integridad de los ciudadanos demandantes sea puesta en peligro o bajo amenaza, pues en todo momento se han conducido de forma pacífica en apego al derecho vigente y por lo tanto, no esperan nada distinto ni de la empresa ni del Estado. 

“Llamamos a las comunidades, grupos y habitantes de otras regiones, estados y naciones, a que sigan solidarizándose con la lucha del pueblo sudcaliforniano. Reiteramos nuestra invitación a todas las personas que deseen sumarse a este movimiento popular a favor del agua y la vida; reivindicamos nuestro derecho a un ambiente sano y a la libertad de elegir y rechazar aquello que nos afecta. ¡Nunca más un país sin que se escuche clara y fuerte la voz de los ciudadanos y sin que se respete la voluntad soberana del pueblo mexicano!”, sostuvieron.