Pidió reformar la llamada “Ley Mendoza”, que le permitió absorber el Registro Vehicular, Registro Civil y Registro Público de la Propiedad y el Comercio
La Paz, Baja California Sur.- El gobierno de Baja California Sur (BCS) se queda con el 60 por ciento de los recursos cobrados a través de la Ley de Coordinación Fiscal.
Así manifestó el presidente municipal de La Paz, Rubén Muñoz Álvarez, quien consideró un trato inadecuado dejar a los ayuntamientos el 40 por ciento restante, a pesar del incremento de la recaudación.
Dicha ley fue aprobada el 9 de diciembre de 2016, para que el Registro Vehicular, Registro Civil y Registro Público de la Propiedad, anteriormente dependencias municipales, fueran administradas por el gobierno estatal.
“Quitan facultades inherentes al ayuntamiento, se incrementa la base recaudatoria del gobierno del estado y en ese beneficio de captar más, no se le dio el trato que debió habérsele dado a los ayuntamientos”, dijo el alcalde.
“¿Por qué se queda el gobierno estatal con la mayor parte de esos recursos y se asignan el 60 por ciento? Nos quitan facultades y recursos y nos dan una relación 60-40”, agregó.
Dijo necesario invertir esta fórmula para que los ayuntamientos reciban el 80 por ciento de los recursos y el 20 por ciento permanezca en el gobierno estatal.
“Esto sería justicia tributaria con los contribuyentes y ayudaría a enfrentar los graves problemas públicos y de endeudamientos que tiene cada uno de los ayuntamientos de BCS”, dijo el alcalde.
También solicitó al Congreso de BCS legislar sobre los “recursos extraordinarios” que entrega la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al gobierno estatal, por este incremento de capacidad tributaria.
“Es hora que no sabemos cuánto es y no recibimos ningún solo peso del recurso extraordinario en beneficio de haber logrado el incremento de capacidad tributaria”, expuso.
“En el excedente que recibe de incentivos no recibimos un solo centavo o al menos no nos lo han podido clarificar al día de hoy”, agregó.
Dijo que del excedente, lo “correcto” sería que el 50 por ciento sea destinado a los ayuntamientos.
“Lo correcto es que lo que corresponda a una instancia se le refleje en beneficio a esa misma instancia. Queremos hacerlo en un marco de absoluto respeto”, finalizó.