La Paz, Baja California Sur.- Académicos y especialistas de Baja California Sur (BCS) solicitaron que el próximo gobierno federal reestructure la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Todos ellos pertenecientes al Colectivo de Académicos Sudcalifornianos (CAS), pidieron ser tomados en cuenta para tomar decisiones en el ejercicio de sus funciones.

“Para que cumpla cabalmente su misión y defienda el ambiente sobre los intereses económicos o políticos que ponen en riesgo los ecosistemas y la calidad de vida”, dijo Jesús Echeverría Haro, integrante.

Esta conferencia de prensa, pidieron mantener el reciente rechazo de Semarnat a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto de dragado submarino “Don Diego”.

Esta fue sometida por la empresa Exploraciones Oceánicas S. de R.L. de C.V con la pretensión de extraer los sedimentos fosfatados del Golfo de Ulloa, en las costas de Comondú correspondientes al Océano Pacífico.

“Este proyecto traería consigo la devastación del ecosistema marino, el cual tiene un gran potencial pesquero, ya que tan solo ese lugar aporta el 17 por ciento de las pesquerías a nivel nacional”, dijo Doctor José Luis Ortiz Galindo, integrante del CAS.

Refirieron que sus ecosistemas marinos son únicos en el mundo al albergar especies tropicales, templadas y de transición por las corrientes de California y Norecuatorial. 

Además es considerada parte del corredor biológico de mamíferos marinos migratorios, que va de la  zona polar norte hasta Panamá, en donde se encuentran los santuarios de ballenas.

“El rechazo por parte de la Semarnat, a este proyecto ecocida de minería submarina, sienta el primer precedente, para la protección de nuestros mares”, expusieron.

Explicaron que si bien “Don Diego” puede volver a intentar obtener la aprobación de su MIA, dijeron esperar que los nuevos gobiernos mantengan el rechazo al proyecto.

Se mostraron en contra de la “Zona de Refugio Pesquero Parcial” de junio a septiembre, decretada por SAGARPA desde el 26 de junio de 2016 recientemente ampliada a 5 años.

“Involucra la prohibición de la captura de escama con redes de cerco, situación que ha limitado la producción de los pescadores de esa zona, afectando a por lo menos ocho comunidades pesqueras”, aseguró Echeverría.

Dijeron que al decretarla sin la opinión de pescadores ribereños y habitantes locales se violó la NOM-049-SAG/PESC-2014. 

“A la letra dice que debe haber nivel de aceptación de los usuarios y habitantes locales plasmado en documentos que evidencien a los interesados”, informaron.

Expusieron que esta medida proteccionista fue consecuencia de la mortandad de tortuga amarilla (Caretta caretta) a pesar de que sus causas no fueron plenamente identificadas.

“Las autoridades responsabilizaron a las artes de pesca sin considerar los trabajos de exploración de la empresa minera involucrando el uso de ultrasonido y perforaciones en el lecho marino”, aseguró Echeverría.

“Las llevó a cabo en forma ilegal, sin haber presentado ante Semarnat la necesaria Manifestación de Impacto Ambiental”, expuso. 

El CAS está conformado por “científicos expertos y especialistas” que se concentran en analizar problemática ambiental que enfrenta BCS.

También como parte de la agrupación estuvieron presentes Janett Murillo Jiménez, Rocío Marcín y José Luis López.

“De los 5 que estamos aquí, 4 participamos en las 2 reuniones de información pública de Don Diego en donde participamos para rechazar proyecto en Comondú”, finalizó.