La Paz, Baja California Sur.- Fue en agosto de este año la última vez que Alma Delia Ponce Durán vio a su hijo, Ían Camilo Torres Ponce, de 8 años de edad. El menor se encontraba en convivencia con su padre, José Francisco Torres, cuando este decidió llevarse al Estado de Michoacán. 

Tras la sustracción del menor, Alma Delia (quien posee la custodia del niño) interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y posteriormente se giró una Alerta Amber para localizar lo antes posible a Ían Camilo. 

Sin embargo, a 3 meses de haberse reportado este caso, Alma Delia asegura que desconoce el paradero de su hijo y la última información que recibió detalla que el padre del menor acade de ser detenido en Uruapan, Michoacán. 

“No he sabido nada de mi hijo, no lo he visto. No he podido hablar con él, yo quiero que me ayuden las autoridades a ver qué es lo que está pasando. Ya va para 3 meses y para mí es muy difícil esta situación”, denunció Alma Delia. 

“El niño estuvo en resguardo en Michoacán, pero el papá se lo quitó al DIF. El niño estaba desaparecido y hasta la fecha no sé nada de él. Estaba ubicado por una vecina, sabía dónde estaba pero las autoridades no se han movido”, acusó. 

La madre del menor se presentó en las instalaciones del Centro de Justicia Penal para pedir explicaciones a las autoridades encargadas de resolver la sustracción de su hijo. 

“Se supone que me iban a apoyar y hacer todo lo que estaba en sus manos, pero a mí me preocupa. El papá se supone que está detenido en Uruapan y yo quiero que me apoyen para que vayan por él”, sostuvo Ponce Durán. 

El abogado de Alma Delia, Irám Gutiérrez, expuso que, debido a una interpretación errónea de una suspensión de amparo, el jurídico de la PGJE no pudo lograr que el padre del menor fuera traído desde Michoacán para que enfrente a la justicia de BCS. 

“Una negligencia o error de interpretación, es una afectación directa a los derechos de una madre y a los derechos de un menor. Tendrían que ir a reaprenderlo. Es alarmante que un servidor, que es abogado particular, se tenga que trasladar a una ciudad a hacer funciones de un policía ministerial”, explicó Irám Gutiérrez.