La Paz, Baja California Sur.- La facultad que brinda la Ley de Transporte de Baja California Sur (BCS) al Poder Ejecutivo, de otorgar concesiones, ha permitido asuntos “clientelares”.

Así afirmó Carlos Mendoza Davis, gobernador de la entidad e iniciador de la nueva Ley de Movilidad que sustituirá este “vacío jurídico que tenemos desde hace 25 años”.

En clara referencia al nuevo "Instituto de Movilidad", aseguró que el gobierno estatal ya no tendrá facultades de decisión para la entrega de estas.

“El gobierno se está despojando en esta propuesta de esa facultad que hoy tiene de estar decidiendo a quien se otorga o no una concesión”, dijo en entrevista.

“Eso no debe ser una facultad del gobierno, creemos que se ha prestado en algunos momentos a temas clientelares que no convienen a la historia de BCS”, afirmó el mandatario.

Expuso que como toda propuesta, siempre habrá quienes resulten “afectados” en referencia a los grupos inconformes hacia la iniciativa.

“Lo importante aquí es buscar beneficiar a los demás aun cuando pudiese en algún momento afectarse los menos”, aseguró.

Dijo que la Ley de Movilidad es urgente y expuso que la iniciativa fue “creada a raíz de lo que la propia gente opinó”.

“Está construida pensando en la gente, en los que reciben los servicios más que los que quienes los prestan”, aseguró.

Sentenció que su administración “no ha entregado ninguna concesión” y busca garantizar que no se vuelvan a otorgar  en el futuro por el gobierno.

Por último, aseguró que esta iniciativa amerita un debate de argumentos e ideas, por lo que se dijo a la espera de que los diputados “pronto puedan estar asumiendo una posición”.