La Paz, Baja California Sur.- Debe informar la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) del dictamen sobre el cambio de uso de suelo forestal solicitado por el proyecto minero “Los Cardones”.

Así se pronunció Jesús Echevarría Haro, integrante del Colectivo de Académicos Sudcalifornianos (CAS), con respecto al reciente trámite promovido por Desarrollos Zapal, SA de CV.

"Es una de dos, si cumple con requisitos legales, se tiene que convocar al Consejo Estatal para el Desarrollo Forestal Sustentable para que emita su opinión del trámite”, dijo el especialista.

“Consideramos que el dictamen sobre la solicitud de Los Cardones será negativo, basándonos en el hecho de que el lugar donde pretende desarrollar, son terrenos nacionales”, agregó.

Esto en referencia a los predios “Jesús María” y “El Encantado” en la Sierra La Laguna, que fueron decretados protegidos por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y no han salido de dominios de la nación.

“Semarnat dijo haber solicitado información adicional al promovente, por insuficiencias en el trámite proporcionado, es probable que en estas semanas se dé a conocer”, dijo.

“Desde esa perspectiva, no es posible que ellos participen […] es evidente que el proyecto no puede cumplir con las disposiciones legales que tendría que cumplir”, aseguró.

El pasado 20 de agosto, Desarrollos Zapal SA de CV inició un trámite para el cambio de uso de suelo de 506.965 hectáreas de superficie forestal en la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna.

La superficie total del proyecto sería de 541.630 hectáreas, en los predios: “La Junta”, “Jesús María”, “El Bajío” y “El Aguajito”, ubicados en el municipio de La Paz.

Esto afectaría vegetación como matorral sarcocaule, selva baja caducifolia, vegetación halófila y el bosque de mezquite durante 20 años.

La empresa debió cumplir diversos requisitos para el trámite de cambio de uso de suelo forestal.

Entre ellos es indispensable presentar original y copia del título de propiedad, debidamente inscrito en el registro público, o en su defecto un documento que acredite derechos para este fin.

También un estudio técnico justificativo acompaña a estos documentos como parte del trámite, que debe ser resuelto por la Semarnat en un plazo no mayor a 60 días de presentado.