Alan Flores Ramos/Gilberto Santisteban Flores

La Paz, Baja California Sur.- La noche de este 26 de septiembre es la última que pasará Armando Martínez Vega como presidente municipal de La Paz.

Entregará un municipio con deudas económicas, políticas y sociales en las funciones que le otorga el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Además se retirará sin explicar diversos casos de posibles desvíos de recursos durante su administración.

•         Cifras maquilladas en último informe de gobierno

Tan solo en su último informe de gobierno, el pasado 9 de septiembre, utilizó cifras “maquilladas” para evitar dar a conocer la deuda pública al mes de agosto de 2018 al informar solo mil 247 millones de pesos.

Pero información obtenida por Diario El Independiente, da razón que en junio de 2018, los pasivos totales (deuda) del Ayuntamiento de La Paz alcanzaron los mil 298 millones de pesos.

Esto significa que durante los primeros 33 meses de gobierno de Armando Martínez Vega, se acumuló una deuda de 299 millones de pesos.

En promedio, el gobierno municipal se endeudaba a razón de 108 millones 727 mil 272 pesos al año; 9 millones 60 mil 606 pesos, al mes y diariamente en 297 mil 882 pesos.

El presidente municipal, en entrevista para este medio de comunicación, negó el uso de cifras falsas y aseguró todos sus informes fueron debidamente aprobados por Cabildo.

“Lo que yo digo es lo que pasa por Cabildo, no puedo decir otros números. Ahorita andamos con todo casi al 100 por ciento de la entrega-recepción”, aseguró sobre la información.

•         “La administración pasada”, principal culpable de rezagos institucionales

Durante los 3 años de la administración del XV Ayuntamiento de La Paz hubo un reclamo permanente hacia la gestión inmediata anterior.

Esto tras haber realizado una “auditoría forense” de manera interna a las cuentas de Esthela Ponce Beltrán y su suplente, Francisco Javier Monroy Sánchez.

Pero la Procuraduría General de la República (PGR) no resolvió alguna de las 22 denuncias por presunta malversación de 800 millones de pesos contra exfuncionarios municipales.

Por este motivo durante su mandato, dijo que recursos federales de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) como “Hábitat” y “Rescate de Espacios Públicos” para inversión pública fueron negados por el gobierno federal por estos desvíos “de la administración pasada”.

Cabe destacar que la Secretaría de Gobernación (Segob) a través de su delegación federal en Baja California Sur (BCS) dijo que el alcalde nunca buscó una solución a través del diálogo.

El titular, Ricardo Millán Bueno, aseguró que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no detuvo recursos, programas o acciones para el beneficio de los paceños.

“Puede haber algunos temas [vetos] específicos, pero nosotros no hemos tenido un acercamiento, no hemos concretado una reunión con el alcalde”, aseguró Millán en enero de 2018.

“Hemos nosotros puesto y tendido puentes para dialogar […] sin embargo, no hemos encontrado eco a esas reuniones que hemos solicitado para poder atender estos temas”, dijo el delegado.

El 21 de marzo de 2018, Armando Martínez Vega envió una carta al presidente de México solicitando que PGR acelerara la judicialización de estas carpetas de investigación.

“Que me digan si hay delito o no, en un papel para poderlo llevar a Hacienda y que me desbloqueen esos vetos que tanto dañan al municipio”, expuso Martínez Vega.

•         Quincenas pagadas puntualmente, pero sin prestaciones

Previo a finalizar su mandato el alcalde dijo haber logrado “orden administrativo” por lograr pagar 71 quincenas a los trabajadores de manera puntual.

No obstante no informó del incremento del adeudo de “Retenciones y Contribuciones” descontadas a los trabajadores por al menos 289 millones de pesos, en el lapso de un año (marzo 2017- marzo 2018).

Esto engloba cuotas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE) y al Fondo para la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (Fovissste).

También los pagos del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), cuotas de mutualidad sindical, de aportación de fondos para la constitución de cooperativas y de cajas de ahorros o de adquisición de vivienda económica o por hipoteca.

Esta información fue dada a conocer por Diario El Independiente, cuando las prestaciones “por pagar” se incrementaron de 343 millones 479 mil pesos a 632 millones 494 mil pesos.

Fue un incremento total de 84.5 por ciento del adeudo en cuotas descontadas a trabajadores, que no fueron entregadas a las instituciones.

•         Opacidad generalizada y simulación de consulta ciudadana en el PDUCP 2018

Mientras tanto, el Ayuntamiento de La Paz evitó a toda costa la entrega de información pública correspondiente a las cuentas públicas por las vías institucionales de transparencia.

Esto quedó en evidencia al momento de reservar por 11 meses la actualización del Programa de Desarrollo Urbano y Centro Poblacional (PDUCP) de La Paz.

Esto tras 6 solicitudes de transparencia que fueron emitidas para conocer su contenido y cartografía como el documento que rige la forma de construir en la capital.

El Comité de Transparencia determinó por unanimidad etiquetarlo como “en reserva” para que no se afectara el “dictamen de factibilidad” que requería en ese momento del gobierno estatal.

Asociaciones civiles condenaron la “simulación” llevada a cabo al invitarlos a participar en consultas públicas, sin comunicar el resultado final de estos foros y buscar a toda costa la aprobación y entrada en vigor del documento.

El alcalde electo de La Paz, Rubén Muñoz Álvarez, anunció que se suspenderá este documento para buscar adecuarlo a normatividad federal, con apoyo del Congreso local.

•         Nepotismo en áreas recaudadoras y fiscales

En el contexto del proceso electoral se dio a conocer que por lo menos 22 familiares y allegados al alcalde de La Paz contaban con espacios para manejo y recaudación de recursos públicos.

Todo ello con un costo de 185 mil 621 pesos mensuales, sin contar prestaciones como aguinaldos, bonos vales de despensa y gasolina, entre otros.

Incluso la esposa del presidente, Alma Rosa Gerardo Higuera, mantuvo su plaza de sindicalizada mientras se desempeñó como presidenta honoraria del sistema municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y con salario mensual de 10 mil 666 pesos al mes más prestaciones.

Desde el día 1 de septiembre de 2018, la esposa de Martínez Vega fue convocada a una comisión sindical por Eduardo Valdez, líder de la sección La Paz del Sindicato de Burócratas.

Esto significa que se retira de sus labores en el Ayuntamiento de La Paz con goce de sueldo, para cubrir tareas que asignará el Comité Ejecutivo Seccional por un periodo de 3 meses.

Armando Martínez Vega, reconoció desde 22 de marzo del 2018 que su sobrina política, Mireya Arce Gerardo es titular de la Dirección de Egresos por disposición personal.

Dijo que esta familiar consanguínea de su esposa Alma Rosa, se ganó su lugar “con trabajo y capacidad” y no por nepotismo.

•         Empresa “fantasma” se encargó de la nómina de empleados de Zofemat

Por si fuera poco, Diario El Independiente le dio a conocer que el XV Ayuntamiento de La Paz ha destinado 19 millones 169 mil 980 pesos en un esquema “outsourcing” para pagar nómina a los trabajadores adscritos a la Dirección Municipal de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat).

Esto mediante la empresa jalisciense “Impulsora Vordering SA de CV”, quien desde junio de 2016 ejerció como la “pagadora” de los trabajadores de limpieza de playas.

De acuerdo a una investigación hecha por Diario El Independiente, los trabajadores recibieron contratos como empleados de la nueva empresa, pero ahora sin prestaciones de ley.

Durante el año 2016, esta empresa recibió 4 millones 792 mil 525 pesos por administrar los salarios de julio a diciembre.

Durante el año 2017, la empresa facturó al Ayuntamiento la cantidad de 11 millones 285 mil 149 pesos, durante el lapso de enero a diciembre.

El actual ejercicio 2018 contabilizado hasta el mes de marzo, revela que se le otorgaron al menos 3 millones 92 mil 306 pesos.

Al dividir estas cantidades entre  cada uno de los trabajadores, su sueldo debería rondar los 10 mil pesos a la quincena.

En contraste, los adscritos informaron que los salarios no superan los mil 800 pesos.

Cabe decir que en la última sesión extraordinaria de Cabildo, el regidor César Juárez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) destacó el trabajo del tesorero municipal, Raúl Adrián Calderón Jordán.

Dijo que a pesar de los “goles” que metió durante su gestión, hizo un trabajo “admirable” para mantener a flote el Ayuntamiento de La Paz.

•         Ambulantaje y comunicación, principales deudas de Armando Martínez con el sector empresarial

Por su parte, El Independiente buscó opiniones de los diferentes líderes empresariales en la ciudad de La Paz.

En su momento, señalaron diversos aciertos y errores durante la administración municipal.

Algunas problemáticas no eran cuestión de aplicación de recursos, sino de voluntad política para aplicar la ley, según el testimonio que dieron los líderes empresariales.

Para Alonso Gutiérrez Martínez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), uno de los desaciertos y pendientes que quedan es la aplicación de la ley contra los vendedores ambulantes en la ciudad capital.

El presidente de la Canaco-Servytur señaló que el ambulantaje ganó terreno en los últimos años en la ciudad de La Paz, debido a que las autoridades del Ayuntamiento de La Paz no ejercieron las sanciones establecidas por ley.

Alonso Gutiérrez enfatizó que el ambulantaje se incrementó en calles del Centro Histórico de La Paz,  sin que se respete el reglamento de Imagen Urbana.

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Lorena Hinojosa Olivas, mencionó que la comunicación entre el sector empresarial y el Ayuntamiento de Armando Martínez no fue la deseada.

En una evaluación del Ayuntamiento de Armando Martínez que hizo la Canirac, Lorena Hinojosa manifestó que faltó un compromiso  real con el sector empresarial.

“Si a nosotros como iniciativa privada se nos exige cumplir al cien con regulaciones, con pagos de impuestos, con todas las disposiciones gubernamentales: municipales, estatales y federales ¿Por qué la autoridad no puede hacer lo mismo?”, señaló Lorena Hinojosa.

En el caso de la asociación de Empresas Hoteleras y Turísticas (Emprhotur), uno de los temas que en su momento lamentó fue el hecho de que el Ayuntamiento no los considerará para las modificaciones al PDUCP.

El en ese entonces líder de Emprhotur, Eduardo Herrera, denunció que el Ayuntamiento no había escuchado las observaciones que hizo la asociación sobre los cambios del PDUCP.

La denuncia realizada en su momento por Eduardo Herrera, conectaba con las declaraciones de Lorena Hinojosa en donde señalaba la falta de comunicación entre el Ayuntamiento de Armando Martínez y el sector empresarial.