· Argumentan que los recursos públicos no deben ejercerse con derroche y opacidad como las ‘erogaciones que se realizan por concepto de pensiones a expresidentes, vigentes a partir del Acuerdo Presidencial 2763-BIS de 1987
CIUDAD DE MÉXICO.- La bancada
de Morena en el Senado de la República presentó una iniciativa de reforma para
eliminar las pensiones a los expresidentes de la República.
En la primera sesión ordinaria
de esta LXIV Legislatura se presentó la iniciativa para adicionar un segundo
párrafo al artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos a fin de eliminar, de manera explícita, las pensiones de retiro que
reciben los expresidentes, así como los beneficios en materia social y administrativa.
Los legisladores morenistas
argumentan que los recursos públicos no deben ejercerse con derroche y opacidad
como las “erogaciones que se realizan por concepto de pensiones a expresidentes
de la República, vigentes a partir del Acuerdo Presidencial 2763-BIS, expedido
en marzo de 1987”.
Dicho acuerdo establece que
los ciudadanos que hayan desempeñado el cargo de Presidente la República
gozarán de una pensión equivalente al salario de un Secretario de Estado, así
como las prestaciones en materia de seguridad social y beneficios de carácter
económico, social y administrativo.
Los senadores por Morena
argumentan que la expedición de este acuerdo presidencial no puede estar por
encima de lo que establece el artículo 123, Apartado B, fracción XI de la Constitución
mexicana en materia de seguridad social para los trabajadores de la Unión.
Asimismo, refieren que la Ley
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE) establece los lineamientos en materia de seguridad social para todos
los servidores públicos, incluidos los de la Presidencia de la República, como
se lee en el artículo 1, fracción I de dicha ley.
“Por ello, la naturaleza del
Acuerdo Presidencial 2763-BIS no puede considerarse más que irregular y
extralegal. Aunado a ello, debe destacarse que las erogaciones realizadas por
el Estado mexicano en esta materia se mantienen en la opacidad y representan
una carga para las finanzas públicas", detallan.