La Paz, Baja California Sur.- Cuando Gustavo Rodolfo Cruz Chávez asumió el cargo como rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), atrás habían quedado una lluvia de acusaciones contra su antecesor, Rodrigo Guerrero Rivas, a quien se le señaló por tener sueldos superiores a los de servidores públicos de primer nivel.  

Todo parece, de acuerdo con la plantilla de sueldos de la universidad a la que tuvo acceso Diario El Independiente, que los integrantes de la nueva administración, lejos de mantener salarios acordes a la matrícula y sus funciones, recurrieron a las mismas prácticas que tanto se criticaron. 

Según la plantilla, hecha pública por la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal, Cruz Chávez recibió en el mes de junio un sueldo bruto de 221 mil 328 pesos, el cual supera por mucho el sueldo del gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis, o los sueldos de los secretarios de despacho, e inclusive es el doble del sueldo anunciado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. 

Sus más cercanos colaboradores, como el abogado general, el secretario general, el secretario académico y el director general tienen sueldos de entre 111 mil y 178 mil pesos mensuales, inclusive en algunos casos mayores a los de un diputado local. En contraste, uno de los 413 docentes de asignatura recibe un salario mensual de alrededor de 11 mil pesos.  

Los más de dos millones de pesos anuales en salarios que recibe Cruz Chávez contrasta con los 130 mil pesos al año que en promedio recibe un maestro de asignatura, quienes inclusive ganan menos que una secretaria o un chofer. Estos dos últimos cargos tienen salarios brutos de más de 20 mil pesos mensuales e inclusive un auxiliar de servicios puede llegar a ganar hasta 31 mil pesos mensuales. 

Cabe destacar que el nombre y percepción salarial de cada uno de los trabajadores y académicos de la UABCS son datos considerados como reservados por la Unidad de Transparencia de dicha institución, la cual suele responder a cada una de las solicitudes de información que los trabajadores no son funcionarios públicos, basándose en una resolución de un juzgado del centro del país, pese a que los sueldos son cubiertos con recursos federales aprobados por la Cámara de Diputados. 

En su portal de transparencia, la universidad únicamente tiene publicados los nombres de una veintena de funcionarios, sus direcciones y otros datos de localización, pero no sus sueldos mensuales, a diferencia de la mayoría de las universidades públicas del país. 

A los sueldos abultados se le suman aparentes malos manejos, según la última auditoría realizada por la Auditoría Superior de la Federación, que no encontró documentación que soporte el gasto de más de 50 millones de pesos durante el año pasado.