La Paz, Baja California Sur. -Acusan a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a cargo de Rosario Robles, de permitir la ocupación ilegal de un terreno frente al mar de Los Cabos a favor de la empresa “Vizcaya S.A.”, ligada a Gina Diez Barroso Azcárraga, empresaria mexicana dedicada al diseño y construcción de proyectos residenciales, corporativos y hospitalarios.

Exponen que la prima de Emilio Azcárraga Jean, presidente del Consejo de Administración de Televisa, utilizó sus influencias políticas y económicas para apoderarse de “Demasías de San Cristobal” una superficie de 296-20-16.051 hectáreas, en Cabo San Lucas, perjudicando a quien en vida fuera el dueño del inmueble, Ramón Orozco Burgoin.

Cinthia Rubio Núñez, representante y albacea del finado, expuso que el dueño falleció tras un infarto agudo al miocardio, provocado por diabetes e insuficiencia renal el pasado 23 de marzo de 2018.

Dijo que en vida luchó jurídicamente por tramitar las escrituras de su terreno sin éxito, ya que diversas autoridades permitieron el uso de documentación falsa a favor de esta empresa inmobiliaria.

“Se enfermó del corazón y diabetes por tanto susto, le hacían muchas cosas, incluso en día del padre lo levantaron los judiciales y lo llevaron a la cárcel, lo bajaron del carro frente a su familia, lo acosaban”, expuso.

Relató que desde 2002 se promovió sin éxito ante la Secretaría de la Reforma Agraria, la enajenación onerosa de dicho predio, pendiente desde 1914, tiempos de la Revolución Mexicana, correspondiente a Martiniano Núñez, por ser uno de los verdugos del legendario general huertista Leocadio Fierro, el “Cabo Fierro”, cuya carabina 30-30 se conserva en poder de la familia.

El trámite nunca tuvo lugar hasta 2010, cuando apareció una “observación” por parte de la empresa que reclamó como suyo el terreno a pesar de ser ocupado en ese entonces por Orozco, con instalaciones removibles y un servicio de almacenamiento hídrico para su consumo personal.

Esto ocasionó una batalla legal entre las inmobiliarias y Ramón Orozco, quien inclusive fue apresado por el delito de despojo y posteriormente liberado y obligado a firmar hasta el día de su muerte, por la averiguación previa (del viejo sistema penal), que quedó sin resolver en su contra, al ser promovida por las empresas.

“Cercaron, metieron gente de seguridad, no lo dejaron entrar con pistola en mano, si no iban a hacer lo procedente. Ellos se ponen una denuncia por presunto despojo en su contra, le cambiaron la situación al señor y lo metieron a la cárcel, lo golpearon, lo robaron por varios años” dijo Núñez a El Independiente.

La albacea explicó que fue en 2012 cuando a pesar de contar con la documentación y haber cumplido con todos los requisitos de ley para la escrituración, el delegado de Sedatu en Baja California Sur (BCS), José Hernández Pérez operó con omisiones y retrasos, favoreciendo a Diez Barroso Azcarraga para retener este predio frente al mar.

El trámite de titulación mediante “enajenación onerosa” solicitado por Orozco, que supone la entrega de un bien federal que ya no es útil o necesario para la prestación de servicios públicos.

Para ello existen 9 etapas: Presentación, Solicitud, Investigación, Medición y deslinde, Opinión del delegado federal, Pago de avalúo, Entrega de avalúo, Acuerdo de titulación y Titulación.

Denunciaron que en marzo de 2016, el propio delegado de Sedatu impidió la “Medición” tras tener conocimiento de "gente armada" al interior del predio, a pesar de tener facultades para llamar a la fuerza pública, decidió impedir el acceso a los interesados.

“Empiezan las anomalías porque la primera medición no se pudo realizar, ya que el mismo delegado dijo que dentro del predio había gente armada, a pesar de que estaba bloqueado el paso de servidumbre y el predio estaba a 3 kilómetros de diferencia”, dijo Cinthia Núñez.

El sospechosismo aumentó cuando al día siguiente, Vizcaya S.A. interpuso el juicio de amparo 188/2016 ante el Juzgado Primero de Distrito y logró la suspensión provisional para evitar cualquier medición.

Esto al esgrimir un “título de propiedad” presuntamente entregado por el expresidente Benito Juárez en 1831 y sellado por el Registro Agrario Nacional, según relató el abogado defensor de la albacea, José de Jesús Mares Contreras.

“No lo muestran en original, es una copia ilegible al 90 por ciento pero supuestamente certificada […] a través de los peritajes correspondientes se estableció que la firma no corresponde a la funcionaria que certifica y el registro tampoco existe en el Registro Agrario Nacional, lo que demuestra que son falsos”, dijo el abogado.

Señaló que el Juez de Distrito permitió la medición tras una queja sobre la suspensión provisional, pero se negó a proceder ante el Ministerio Público tras haber sido de su conocimiento por parte de Sedatu y el Registro Agrario Nacional (RAN), de la inexistencia del documento en sus archivos.

“Se niega, nos dice que deja a salvo nuestros derechos para hacerlos valer en por la vía que corresponda, pero él tiene adscrito en el Ministerio Público, puso en tela de juicio su actuación de juez imparcial […] para objetar la documentación, esperaremos la audiencia constitucional”, expuso.

Por estos hechos se interpuso denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra dichas empresas por presentar dicho amparo fincado en documentación falsa, con número de carpeta FED/BCS/LPZ/00308/2016 con investigación abierta hasta la fecha.

Durante la medición ordenada por el juez, en agosto de 2016, quedó registrado un conato de bronca entre empleados del hotel “Rancho Cabo San Lucas”, en ese entonces en proceso de construcción y propiedad de la familia Bulnes, que buscaban impedir con palos, picos, palas y piedras la realización de la diligencia.

Tuvieron que recibir apoyo de elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Federal (PF) para lograr la orden del juez para realizar la medición.

“Vienen todos los albañiles con picos, palas, la marina se da cuenta y se hizo prácticamente un conato de bronca, los levantan, se los llevan, ellos no eran quien para venir a golpear gente, la Marina se dio cuenta del acto de corrupción”, dijo el abogado.

Cinthia Nuñez dijo desconocer si Luis Bulnes, también dueño de Solmar Hotels & Resorts, está asociado con la familia Azcárraga, pero dijo que durante el proceso de enajenación, presentó inconformidades para no titular la propiedad a nombre de Ramón Orozco Burgoin.

Después de realizar la medición, el delegado emitió una “opinión” de manera tardía, ya que argumentó para ello “que existía una suspensión”, lo cual era un criterio erróneo debido a que el trámite de orden público de enajenación “es un acto insuspendible”.

También tuvo que corregir sus opiniones en repetidas ocasiones por su parcialidad a favor de las empresas inmobiliarias.

“Cambió 3 veces la opinión para poder llegar, presentaba la documentación de empresa, pero no presentaba ninguna favorable al señor Orozco”, dijo la albacea.

Dijo que en este momento le fue notificado al señor Orozco que el expediente se “quemó” en poder del Servicio Postal Mexicano (Sepomex), para lo cual tuvieron que recurrir a la titular de la Sedatu, Rosario Robles, para reinstaurarlo de manera legal.

“Inclusive nos dio favor y notificó documento de improcedencia para todos los inconformes, vecinos, lo que sea porque la investigación se llevó a cabo”, dijo.

Tras haber cumplido con todo lo anterior, al momento de solicitar el avalúo a Sedatu, pretendió cobrar 9 millones de pesos por el avalúo, tras considerar el predio “urbano” y no “rústico” a pesar de no contar con servicios ni construcciones.

Tras solicitar una segunda opinión al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), se consideró solamente un costo de 334 mil pesos, que fueron cubiertos en tiempo y forma.

Tras la realización del avalúo por Indaabin, Sedatu ha impedido que Cinthia Núñez pueda acceder a conocer el monto del costo del predio.

“Teníamos 60 días hábiles para recurrir si aceptábamos o no el avalúo y todavía no me notifican ya llevo 4 meses, me quitaron mi derecho a inconformarme, tengo que pagar lo que diga Indaabin sea bueno o malo”, dijo.

Dijo que luchará hasta las últimas consecuencias para recuperar este predio y aseguró que las inmobiliarias involucradas abusan de influencias para despojar a locales.

“Desde 2010 empiezan a maquinar todo porque a eso se dedican, de acuerdo a la investigación que hemos realizado, a ver predios en situaciones similares, personas sin dinero para poder obtenerlos”, dijo Cinthia Núñez.

El abogado explicó que el proceso de enajenación “no debió tardar más de 3 años” siendo “generosos” con el tiempo, a pesar de que este conflicto tiene 16 años.

“Ahora están amparados con la finalidad no ser desposeídos, pero este procedimiento debe continuar, por ser de orden público no se puede detener”, dijo.

Denunció que inclusive existe una suspensión definitiva en el mismo juicio de amparo, que impide a Sedatu emitir el trámite final hasta no resolverse la audiencia constitucional.

Dijo que en este momento fue cuando la empresa tuvo que pagar una “garantía”, el abogado denunció que de manera "muy rara" un Juez de Distrito, después ratificado por un Tribunal Colegiado, le negó a su cliente el pago una “contragarantía” que dijo, “es su derecho”.

“Nos pusieron en problemas con Sedatu por la corrupción que existe, vamos con la autoridad que legalmente debe resolver, pero resulta que también su posición del juez como magistrados es replegarse, yo no estorbo”, dijo el abogado.

Reconoció que el asunto está “atorado” por la corrupción, ya que la Sedatu incurre en un incumplimiento por exceso en la suspensión definitiva al no permitir el avance del trámite a favor de la albacea de Ramón Orozco Burgoin.

“Todo con fundamento legal, jurisprudencia, el juez no hace su trabajo, pero tenemos problemas con quienes deben ser imparciales, llegar al título nos ha costado una odisea”, finalizó.