La Paz, Baja California Sur.- En el 2016, la Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició una serie de operativos para combatir el uso de autos chocolates con engomados que, supuestamente, les “dan” o “permiten” una permanencia ilegal de las unidades en territorio mexicano, evadiendo con ello, el pago de impuestos. 

Diversos retenes se observaron en Baja California Sur (BCS). Autoridades del SAT, coordinadas con las instituciones de seguridad, detuvieron y decomisaron decenas de unidades con engomados de la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (Onappafa) y de la Asociación Nacional de Protección a los Mexicanos (Anapromex). 

En la media península, según declaraciones e información proporcionada por líderes o miembros de estas asociaciones, Anapromex tiene alrededor de 30 mil afiliados mientras que Onappafa cuenta con 25 mil agremiados. 

Se estima que en BCS hay aproximadamente 70 mil unidades que se encuentran de forma ilegal distribuidos en los 5 municipios. 

En medio de los decomisos realizados por el SAT, las manifestaciones de los miembros de estas 2 asociaciones no se hicieron esperar. 2 años después, el presidente nacional de Anapromex, Fidel Villanueva, cantaba victoria e informaba que habían logrado ganar esta batalla a Hacienda. 

Las unidades decomisadas en los operativos del 2016 fueron recuperadas por los líderes de las asociaciones. 

La controversia generada por los decomisos orilló al SAT a enviar comunicados en diversas entidades del país, en los que advertía sobre “el engaño” en supuestas autorizaciones para la circulación de vehículos extranjeros. 

El SAT señaló a las asociaciones que engañan con placas o engomados, aunque la permanencia de las unidades es ilegal en el país. 

En BCS se ha extendido información que indica que hay páginas que ofrecen regularizar los engomados de Anapromex. Ante esta situación, el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, isidro Jordán Moyrón, recalcó que no tiene conocimiento sobre el tema. 

“Nosotros tenemos un área de fiscalización aduanera en la propia Secretaría de Finanzas. Hemos hecho las revisiones adecuadas en conjunto con el Servicio de Administración Tributaria, que el área que lleva directamente el tema”, dijo Jordán Moyrón. 

El funcionario asegura que “poco a poquito” tratan de identificar los autos que no usan importación legal en BCS. Asimismo, reconoció que hay peticiones, sin embargo, la Secretaría de finanzas y Administración no tiene la manera de legalizar estas unidades. 

El secretario hizo hincapié en que los operativos coordinados para decomisar carros chocolate es una postura fijada por el SAT. Isidro Jordán recordó a los ciudadanos que el Estado no da placas ni regulariza los engomados de Anapromex y Onappafa. 

El delegado en BCS de la Secretaría de Economía (SE), Francisco Javier Guzmán Roa, expuso que los ingresos que se derivarían por la regularización de esas unidades beneficiaría a las finanzas públicas a través de la Secretaría de Hacienda. 

“Si tú ves los carros chocolates no los utiliza la parte agrícola como un detonante para hacer sus actividades; no se utiliza por la parte del transporte regulado y el servicio público”, compartió Guzmán Roa. 

“Es un tema muy sensible socialmente, porque habrá quien sí tenga la necesidad y no tenga los recursos para pagar un impuesto por la importación. Pero habrá otros que a lo mejor tienen hasta flota de carros y traen carros para dispersarlos, y esa parte le toca a la parte fiscal”, declaró. 

El delegado explicó que las acciones del gobierno deben encaminar a una regularización bajo un esquema en una nueva visión de captación de ingresos. 

“Lo usa la población en general. Algunos somos contribuyentes cautivos pero la mayoría de los que tienen una unidad en esas condiciones es población abierta, que en su momento ni siquiera son contribuyentes o no están registrados ante el SAT”, señaló Guzmán Roa. 

El funcionario mencionó que probablemente la nueva administración, presidida por Andrés Manuel López Obrador, a lo mejor presenta un nuevo esquema de regularización o para modificar los criterios de cómo se pueden regularizar las unidades chocolate. 

En BCS ya hay registros de iniciativas de ley para beneficiar a los propietarios de estas unidades en situación ilegal en México. 

La propuesta fue entrelazada por el presidente del consejo nacional de Onappafa, José Cruz Sánchez Nava, y el exsenador de la República por BCS, Ricardo Gerardo Higuera. 

A nivel nacional, el SAT recalca a los ciudadanos que la propuesta de estas asociaciones es una práctica engañosa que afecta el patrimonio familiar de los mexicanos y los lleva a la comisión de un posible delito. 

En medio de una problemática que en lugar de ser combatida va en incremento en BCS, las autoridades tributarias recuerda que la posesión de un vehículo ilegal puede llevar a consecuencias como el embargo y pérdida del automóvil, así como la aplicación de multas.