El 31 de julio se cumplieron 4 años desde que inició el fenómeno de violencia más grande que haya vivido BCS. Las autoridades aseguran que los delitos de alto impacto han disminuido este año, sin embargo, también recalcan que aún no se puede cantar victoria
Por
Gilberto Santisteban Flores
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miercoles, 1 de agosto de 2018.
La Paz, Baja California Sur.- Fue la noche del 31 de julio del 2014 cuando la historia de Baja California Sur dio un giro inesperado. Un enfrentamiento entre integrantes de grupos criminales marcó lo que las autoridades del gobierno del Estado corroborarían como el inicio de una ola de violencia atribuida a la delincuencia organizada que obligó al gobierno Federal a triplicar la presencia de militares en la media península.
Ese 31 de julio 3 personas fueron asesinadas en la carretera La Paz- San Juan de Los Planes, en el municipio de La Paz. Desde esa noche, los homicidios de alto impacto pasaron a convertirse en parte del pan de cada día de los sudcalifornianos.
La Paz y Los Cabos se transformaron en 4 años. La playa paradisiaca o las bellezas naturales dejaron de acaparar la atención del país. Los asesinatos con armas de fuego alteraron la tranquilidad y el orden en BCS.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) expone, en estadísticas, que durante el 2014 se registraron 126 homicidios en Baja California Sur.
Para el cierre del 2015, el Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación contabilizó 226 asesinatos. En el 2016 se reportaron 281 víctimas, mientras que durante el 2017 la cifra de homicidios llegó a los 701 casos.
Asimismo, la estadística de la asociación Semáforo Delictivo, con base en el último trimestre del 2017, informó que BCS llegó a estar en el primer lugar a nivel nacional por el incremento de delitos de alto impacto.
Este aumento en la tasa de homicidios en el municipio de La Paz aceleró el tiempo de vida útil del panteón Jardines del Recuerdo, lo que obligó a las autoridades del XV Ayuntamiento a habilitar un nuevo mausoleo.
Incluso el Departamento de Estado de E.E.U.U. actualizó, en diversas ocasiones, alertas de viaje en contra de BCS. Aunque la más reciente publicación advierte a los ciudadanos sobre riesgos en la media península, el país vecino sacó a la entidad de la lista de Estados que no se deben visitar.
La violencia ha permeó no sólo en el incremento de las cifras de las instituciones. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), la percepción de inseguridad ha aumentado en la población de La Paz y Los Cabos.
Con el incremento de los crímenes de alto impacto, las autoridades de los 3 niveles de gobierno se vieron obligadas a sumar esfuerzos, lo que dio paso al nacimiento del Grupo de Coordinación de Seguridad de Baja California Sur.
En este grupo se concentran las autoridades, directivos y líderes de todas las corporaciones de seguridad de la Federación, del Estado y de los municipios de Baja California Sur.
El discurso de las autoridades del Gobierno de Baja California Sur, insistía en que este conflicto armado era una pugna que se registraba “sólo” entre miembros de grupos criminales, sin embargo, la realidad de la ola de violencia alcanzó a ciudadanos, funcionarios, periodistas y elementos de las corporaciones de seguridad.
En 4 años el conflicto entre el crimen organizado ha arrebatado la vida de 16 agentes policiacos. Policía Estatal Preventiva (PEP), Policía Ministerial (PM) y la Policía Municipal de La Paz y Los Cabos han registrado bajas en sus filas a causa de las detonaciones de armas de fuego.
Dentro de esta cifra, documentada por reporteros de la fuente policiaca y por autoridades del gobierno de BCS a través de boletines de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), también se toma en cuenta a custodios del Centro de Reinserción Social (Cereso) de La Paz y Los Cabos que han sido asesinados desde el 2014 a la fecha.
El 14 de abril del 2017, el periodista, Max Rodríguez, fue asesinado en un centro comercial de la ciudad de La Paz. A sus 73 años de edad, el comunicador se encargaba de informar los detalles de la ola de violencia por el crimen organizado para el blog de noticias Colectivo Pericú.
Un comando armado abrió fuego en contra del periodista aquel Viernes Santo, marcando un hecho sin precedentes para los comunicadores en la media península.
A mediados del 2017, las autoridades del Grupo de Coordinación de Seguridad de BCS, a través del secretario general de Gobierno del Estado, Álvaro de la Peña Angulo, se confirmaron la captura de los 5 presuntos responsables del homicidio del periodista.
Los funcionarios tampoco han estado a salvo del conflicto entre células del crimen organizado. El 20 de noviembre del 2017, en la ciudad de La Paz, un grupo de hombres armados atacó la camioneta en la que viajaba con su familia el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Silvestre de la Toba Camacho.
El ombudsman y su hijo, Fernando de la Toba, murieron tras una ráfaga de detonaciones de armas de fuego; la esposa e hija de Silvestre de la Toba lograron sobrevivir al ataque.
Este crimen repuntó en los titulares de la prensa internacional, debido a que este fue el primer asesinato de un ombudsman desde que se creó la figura en 1990.
El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, informó que este año habrá una inversión “sin precedentes” en materia de seguridad. El mandatario aseguró que el Gobierno del Estado invertirá en obras públicas para acobijar el arribo permanente de elementos de las Fuerzas Armadas a la media península.
Carlos Mendoza anunció que se invertirán alrededor de 240 millones de pesos en la construcción de 2 cuarteles para elementos de la Secretaría de Marina. Uno de los cuarteles se cimentará en el municipio de La Paz y otro en Los Cabos.
Cada uno de los cuarteles, según el ejecutivo de Baja California Sur, tendrá capacidad para hospedar a 250 marinos.
En una visita reciente al Estado, el titular de la Secretaría de Marina (Semar), Vidal Francisco Soberón Sanz, aseguró que con la construcción de estos 2 cuarteles el número de elementos de la Armada de México se triplicará en Baja California Sur.
Al refuerzo de la Marina, se suma la llegada a la media península de 600 nuevos agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El miércoles 21 de febrero del 2018, el gobernador del Estado y el general de División Diplomado de Estado Mayor, Pedro Felipe Gurrola Ramírez, colocaron la primera piedra del Cuartel de Ingenieros de Combate, en donde hospedarán a los militares.
El refuerzo por parte de las Fuerzas Armadas no es el único que envió la Federación para contener la violencia en la media península. El delegado en BCS de la Secretaría de Gobernación (Segob), Ricardo Millán Bueno, dio a conocer hace unos meses que 600 oficiales de la Policía Federal y de la Gendarmería Nacional ya trabajan en la entidad a través del operativo “Escudo Titán”.
Según el SESNSP en el primer semestre del 2018 se ha registrado una disminución del 56% en la tasa de homicidios ejecutados con armas de fuego, esto en comparación del mismo periodo del 2017.
Entre enero y junio del 2018 se han reportado 84 asesinatos con armas de fuego, mientras que en el mismo periodo del 2017 se dieron 193 víctimas en crímenes violentos de la misma clasificación.
El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, atribuyó esta disminución en delitos de alto impacto al trabajo interinstitucional dentro del Grupo de Coordinación de Seguridad del Estado.
La desarticulación de células criminales, detenciones y decomisos son los trabajos más “destacables” para el mandatario que, advierte, aunque los delitos de alto impacto han disminuido, las autoridades aún no pueden cantar victoria y asegurar que el fenómeno de violencia se ha detenido definitivamente en BCS.
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