La Paz, Baja California Sur.- A pocos meses de que se dé el cambio en la administración federal, el distrito La Paz de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en la entidad, dio a conocer a través de su jefe de distrito Maximino Martínez Santillan, que posiblemente se pida la reintegración de préstamos a 15 productores locales que no han cumplido con sus proyectos.

En este sentido declaró para Diario El Independiente que el plazo para realizar los proyectos que fueron presentados y aprobados para obtener los préstamos federales, vencieron en marzo del 2018, por lo cual, recalcó que tuvieron aproximadamente un año para cumplir el compromiso, pero en lugar de ello los productores recurrieron a las prórrogas.

"Estamos invitando a los productores que están pendientes de terminar su obra autorizada desde el 2017 y no han terminado, las prórrogas ya no se pueden extender porque viene una nueva administración y no sabemos las reglas de operación que traigan para estos programas, por eso nosotros debemos dar cumplimiento pronto", comentó.

El funcionario de la delegación explicó que, debido a que durante cuatro meses se ha estado informando a la federación sobre los proyectos inconclusos, se encuentran esperando a que oficinas centrales requieran la integración del dinero solicitado por los productores más el pago de intereses acumulados en estos cuatro meses de vencimiento.

Se solicitaron apoyos para la creación de corrales, ollas de agua, cercos, compra de ganado, sitios para criar aves, pozos profundos, resaltando que dichos proyectos fueron presentados con cotizaciones y presupuestos establecidos así como planos viables para su implementación, lo cual generó que fueran aceptados para cada uno de los programas.

Cabe recordar que al ser un dinero que proviene directamente de la federación, este debe devolverse ante la Secretaría de Hacienda y no propiamente ante la Sagarpa, recalcando que en caso de ser requerido, las autoridades tributarias pueden interponer denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) para abrir una carpeta de investigación penal.